La ilegal liberación de presos con sentencia

La mejor oferta política que el gobierno le puede ofrecer a la sociedad chiapaneca es la garantía de la legalidad, en donde todos los actos y decisiones del gobierno estén apegados al marco la ley. Esto que es un principio de obligatoriedad en un Estado democrático, no es cierto para el Estado Mexicano y muchísimo menos para el Estado de Chiapas, en el que de manera reiterada se toman decisiones al margen de la ley y de manera sistemática y generalizada se violan derechos humanos, lo que significa que la llamada cuarta transformación en la entidad es puro discurso demagógico.

En Chiapas no hay división de poderes y el gobierno de Rutilio Escandón ni por asomo promueve la autonomía del poder judicial, que está instalado en la ilegalidad, pues su integración incumple con lo que establece la Constitución local. A esta ilegalidad se le suma la práctica de liberar presos sentenciados, a través de una Mesa de Reconciliación que es inconstitucional e inconvencional.

Este adefesio ilegal sólo funciona en Chiapas, porque solo en esta entidad se pueden cometer aberraciones jurídicas y acciones criminales promovidas por los gobernadores. Esta mesa de reconciliación, ha permitido liberar en los últimos años a homicidas, secuestradores, feminicidas, tratantes, ladrones de autos y violadores, a través de un mecanismo en el que se presume que existen negociaciones económicas para procurar la liberación de presos sentenciados en el que la sentencia fue confirmada por los tribunales federales.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que esa mesa de reconciliación es ilegal porque sólo un juez tiene facultades para liberar a un sentenciado y los jueces son autónomos y sus decisiones no pueden ser avasalladas por ningún instrumento, así esté enmascarado de “legalidad” e integrado por los tres poderes del Estado.

En el actual gobierno se han realizado dos eventos de liberación de presos a través de la mesa de reconciliación: uno el 29 de diciembre, en el que se liberaron a 142 sentenciados y otro, el 10 de mayo, que se liberaron a 12 sentenciados, pero se viene preparando una tercera liberación de presos sentenciados para este mes de diciembre.

El gobernador en ambos eventos expresó que la liberación de los presos era un acto de justicia, de humanidad y de derechos humanos, discurso que frente a la inseguridad que hay en Chiapas resulta inentendible e incongruente. Inentendible porque un acto de justicia sería la liberación de inocentes, a quienes la fiscalía los incriminó y fueron enjuiciados con fabricación y la alteración de pruebas. Pero además es incongruente, porque después de la liberación de aproximadamente 2 mil sentenciados a través de ese mecanismo, el compromiso del gobierno debiera ser garantizar justicia, la aplicación estricta a la ley y se debiera de implementar los mecanismos más eficaces de no repetición en la detención y vinculación a procesos a personas inocentes.

Para ello se debiera de realizar una investigación para sancionar a policías, ministerios públicos, fiscales, jueces y magistrados, que han incurrido en violación a derechos humanos en la participación de imponer castigos de privación de la libertad mediante maniobras de fabricación de pruebas y uso de la tortura para la incriminación de culpables.

En Chiapas la legalidad no es un compromiso del gobierno de Rutilio Escandón y por consiguiente tampoco es creíble un discurso que busca favorecer el respeto a los derechos humanos.