Incongruencia e ilegalidad en Chiapas

Un día después de su primer informe de gobierno, en donde el gobernador Rutilio Escandón señaló su compromiso de combatir la impunidad y la corrupción, el gobernante vuelve a caer en falsedades y preside la ilegal liberación de presos con sentencia, violando el Estado de derecho que dice defender y violando procesos y resoluciones judiciales emitidas por juzgados federales.

La ignorancia jurídica en los tres poderes y la complicidad de jueces y magistrados no tiene límites en Chiapas y se continúa con el negocio de la venta de cartillas de liberación de presos a través de un mecanismo llamado mesa de reconciliación que jurídicamente es inconstitucional e inconvencional.

Sólo en Chiapas existe el adefesio ilegal de la mesa de reconciliación, que ha permitido liberar a homicidas y secuestradores y en la cual hay indicios de negociaciones económicas para procurar la liberación, y peor aún, se señala que parte de esos recursos obtenidos permitió el financiamiento de una precampaña de cinco años que mantuvo Rutilio Escandón para gubernatura desde el puesto del presidente del tribunal de justicia, en el que presume haber liberado a más de 1900 presos con sentencia, sin tener atribuciones legales para hacerlo.

La mesa de reconciliación, se ha señalado reiteradamente, es ilegal porque sólo los jueces tienen facultades para determinar la vinculación a proceso, para emitir sentencias de culpabilidad o para determinar la libertad de un procesado y los jueces son autónomos y sus decisiones no pueden ser avasalladas por ningún instrumento, así esté enmascarado de “legalidad” e integrado por los tres poderes del Estado como en realidad sucede con ese ilegal instrumento; situación que viola la independencia de los tribunales, jueces y magistrados señaladas por el artículo 17 de la Constitución.

Pero a su vez, la liberación que se realiza a través de la mesa de reconciliación viola los derechos humanos de las víctimas y de los familiares de las víctimas a quienes no se les hace justicia al liberar al presunto responsable, pero paradójicamente, también a los sentenciados se les violan sus derechos humanos, debido a que son liberados no como inocentes, pues tienen una sentencia de culpabilidad, y por ese motivo carecen del derecho para exigir la reparación del daño.

Sobre la base de los hechos, las resoluciones de la Mesa de Reconciliación se constituyen en una cuarta instancia, lo cual es contrario a lo señalado por el  artículo 23 de la Constitución, que nos dice: “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia”.

Mala decisión del gobernante chiapaneco de continuar manteniendo un instrumento ilegal, que resulta desafortunado porque muestra su ignorancia jurídica y contradice su discurso de combate a la impunidad, pero más grave aún, muestra su pobre respeto a la legalidad, en una sociedad en donde la ilegalidad se ha convertido en un instrumento político para la construcción de acuerdos.