El problema de la inseguridad

La inseguridad se convirtió en un problema serio en Chiapas, pero el gobierno tiene una incapacidad funcional que lo hace inoperante y considera que con negar el problema y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos bancarios, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control.

La campaña publicitaria de un Chiapas seguro que promueve el gobierno es falsa. Lo que sucede es que hay un Chiapas imaginario en la cabeza de Rutilio Escandón y sus colaboradores, que en las mañanas se sientan tranquilamente a tomar café, a escuchar sus propios informes de cifras y reportes maquillados, con que se engañan mutuamente y en la que pretenden engañar a la población chiapaneca.

Frente a ese Chiapas imaginario se levanta una realidad en la población que sufre una desigualdad social, que padece una pobreza que tiende a incrementarse, que está aterrada por la falta de circulante y de una ausencia de inversión pública, que está temerosa de los despidos injustificados que realiza la administración, que acumula agravios y cuyo malestar está a la espera de que una chispa incendie la pradera.

La fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad improvisan un plan de seguridad que es violatorio a los derechos humanos; instalan retenes policíacos con el fin de realizar operativos de revisión, bajo el pretexto de evitar la comisión de delitos, cuando estos retenes son ilegales y se convirtieron en mecanismos de extorsión.

Con estas medidas, la administración de Rutilio Escandón está reconociendo su incapacidad de brindar seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, en donde su apuesta es criminalizar a la población y así abrir la posibilidad para que se recrudezca la arbitrariedad policíaca, con la implementación de retenes para atracar a la población.

Ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad hay talento para garantizar la tranquilidad ciudadana. En esas dependencias lo que hay son acuerdos con la delincuencia organizada y en las delegaciones de ambas dependencias se tienen establecidas cuotas a los mandos de un conjunto de ilícitos que a diario se suceden en los municipios fronterizos, que va del tráfico de azúcar, de ganado, de personas, a las rutas de paso de drogas que están claramente establecidas por los principales cárteles del país.

La violencia y la inseguridad va a ir en aumento por la impunidad que prevalece en el Estado y porque no hay proyectos económicos y sociales que mejoren las condiciones de vida y que a la vez sean los puentes para restablecer la gobernabilidad y la tranquilidad de la población en la entidad.