La reforma necesaria del Poder Judicial en Chiapas

Uno de los graves problemas en Chiapas es la deficiente impartición de justicia, que ha terminado reproduciendo patrones de impunidad y que deja en entredicho la imparcialidad, honestidad, independencia, excelencia y profesionalismo, con el que se deben comportar los jueces y magistrados en la interpretación de la ley.

Esta ausencia de justicia hace necesario una reforma del poder judicial, pero no queda suficientemente claro que esa reforma sea la recientemente aprobada por el Congreso Local, que extingue el tribunal constitucional, el tribunal del trabajo burocrático y el tribunal de justicia administrativa.

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley que turnó el gobernador Rutilio Escandón se realiza un diagnóstico crítico al funcionamiento del poder judicial, que denota que ese documento no fue leído por el gobernador ni por ninguno de sus colaboradores que sugiriera matizar su contenido. Al respecto en esa exposición de motivos se señala lo infuncional del tribunal constitucional, que en 15 años solo resolvió un caso, representando una carga presupuestal anual superior a los 40 millones de pesos.  Visto de esta manera el tribunal constitucional resulta la dependencia más cara e inútil de toda la administración pública de la entidad.

Sin embargo no puede pasarse por alto que Rutilio Escandón fue más de cinco años presidente del tribunal de justicia y su desempeño como tal no está exento de responsabilidad y por lo tanto se debe realizar una investigación profunda en la que se aclare en qué se destinaban esos recursos, que en los últimos siete años sobrepasan los 280 millones de pesos.

De igual manera se deja manifiesto en la exposición de motivos, que en la designación de jueces y magistrados confluyen intereses distintos al poder judicial y va más allá cuando señala que una sociedad más justa “solo puede lograrse con jueces y magistrados preparados, designados mediante un procedimiento que reconozca su trayectoria judicial”, algo que definitivamente es importante, pero que en su momento la presidencia de Rutilio Escandón en el tribunal no cumplía.

La iniciativa de la ley muestra también la ausencia de juristas en el tribunal y la desconfianza que tiene el gobernador hacia los magistrados que integran el tribunal constitucional, pues no se consideró la opinión de ninguno de ellos ni de los jueces y magistrados regionales para elaborar la iniciativa, en donde resulta evidente que el documento de reforma se elaboró en secreto y por fuera del ámbito gubernamental.

Lo que sí representa una realidad es que el tribunal constitucional vino funcionando los dos últimos años en la ilegalidad, pues de acuerdo a la constitución debía de estar integrado por tres magistrados y por cuestiones políticas extralegales estaba integrado por cinco magistrados, situación que pone en entredicho la honestidad, imparcialidad y profesionalismo, de quienes integraban el tribunal constitucional, que entre otras aberraciones jurídicas, han mantenido silencio y complicidades ante la ilegal liberación de presos sentenciados que se realiza a través de la mesa de reconciliación.

El martes a más tardar quedará aprobada la reforma por la mayoría de los municipios y se estará en condiciones de publicar ese mismo día el decreto que extingue el tribunal constitucional, el de trabajo burocrático y el de justicia administrativa y los magistrados que integran esos tribunales pasarán a ser liquidados con el pago de tres meses de salario.