A 22 años de Acteal

En el último año son muchos los sucesos de violencia que se presentaron en Chenalhó. Lo delicado de esta situación, es que el gobierno de Rutilio Escandón ignora las consecuencias que puede ocasionar esta violencia, que le puede costar la gubernatura, como le sucedió en 1997 a Ruíz Ferro, y mantiene una actitud de indiferencia frente al clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en ese lugar, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en este municipio, pues sobre los grupos paramilitares que actúan en el Ejido Puebla, se han realizado reiteradas denuncias sin que se haya decidido desarmar a este grupo paramilitar, aún y cuando existe de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dos recomendaciones para que el gobierno estatal iniciara el proceso de desarme de los grupos e implemente una política pública para la construcción de la paz en esa región y a la fecha no se ha realizado ninguna acción para cumplir con esta recomendación.

El grupo paramilitar del Ejido Puebla es el responsable de los ataques que produjo la masacre de Acteal, que a la fecha se mantiene en la impunidad, después de que 29 presuntos responsables de ese vergonzoso acto fueran liberados por resolución de la Suprema Corte por violaciones en el debido proceso; este mismo grupo paramilitar ha sido a su vez, responsable de distintos desplazamientos forzados de población en el municipio de Chenalhó, y además un miembro de ese grupo es el presidente municipal, lo que los mantiene empoderados.

A tres días de cumplir el 22 aniversario de esa masacre, los sobrevivientes esperan la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se les haga justicia, algo que se los han negado gobiernos priistas, panistas y hoy los morenistas.

Un camino que los afectados señalan como parte de una solución integral es que el presidente de la república, en un acto público reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en los sucesos de Acteal, algo que no debiera representar obstáculo para un gobierno democrático, que estuviera preocupado en garantizar justicia a las víctimas y la sanción a los responsables directos e indirectos de esa masacre, pero hasta ahora el gobierno de López Obrador no ha dado respuesta, lo que se interpreta como un rechazo al reconocimiento de la responsabilidad del Estado, en donde se mantiene la versión oficial de un enfrentamiento indígena intercomunitario, que niega la existencia de grupos paramilitares.

No está de más que la administración que encabeza Rutilio Escandón refuerce la vigilancia en la región, con el fin de evitar posibles agravios y conflictos y garantizar a las Abejas de Acteal que la ceremonia que se realiza para recordar a sus muertos se lleve en paz.