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Acteal justicia y verdad

Editorial
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Se cumplen 22 años de la masacre de Acteal y el tráfico de armas en Chiapas continúa siendo una pesadilla, en donde los conflictos y diferencias que prevalecen entre las organizaciones sociales terminan en enfrentamientos armados, sin que a la fecha la fiscalía tanto del Estado como el de la república inicien una carpeta de investigación sobre la procedencia de las mismas, pese al discurso que maneja la fiscalía general de cero tolerancia.

Es un secreto a voces que en San Cristóbal de Las Casas se venden todo tipo de armas y municiones sin que ninguna autoridad intervenga para poner un alto a este tráfico, aún y cuando existen múltiples retenes policíacos y militares en la Región de Los Altos. Por ello no todas las organizaciones en las comunidades indígenas se encuentren armadas y ya no se diga los grupos paramilitares que existen en esa región, lo que genera un riesgo  permanente de estallidos de violencia  con pérdidas de vida humana.

En esta administración, que se suponía era de orígenes distintos, se continúa con la política de tolerancia, indiferencia, complicidad, valores entendidos y permisibilidad a los grupos armados en la entidad; signo inequívoco que indican los graves  problemas de  gobernabilidad que se viven en el Estado, originado, fundamentalmente, por el desconocimiento que tienen los funcionarios públicos de la realidad chiapaneca, en el que con frecuencia funcionarios del gobierno atienden o se sientan a negociar con estos grupos paramilitares, enviando malas señales a las víctimas y privilegiando los acuerdos con los agresores.

Por estas malas decisiones que afectan la gobernabilidad en reiteradas ocasiones se ha señalado que no existe gabinete ni plan de gobierno ni agenda política en la entidad. A eso se le agrega que hay una pobre inversión pública en obras, que no existe un programa de reactivación de la economía y de la producción agrícola y que no hay un plan estratégico de seguridad ni indicadores ni metas que nos puedan orientar en qué consiste la transformación que tanto pregonan.

El gobernador mantiene reuniones quincenales de evaluación con sus colaboradores, en donde se escucha la voz de la complacencia del gobierno –que no corresponden con la crisis económica y de gobernabilidad que hay en el Estado-, en donde el propio gobernador suele afirmar de que vamos bien, pese a que los resultados y el sentir popular lo desdicen. Esas reuniones no están cumpliendo con el propósito de mejorar las condiciones de Chiapas, en donde existe un abuso del discurso de la austeridad, que lamentablemente se convirtió en una política de no gasto y de no inversión, lo que tiene prácticamente colapsada la economía del Estado, que requiere de la inversión gubernamental.

En este año se vivieron situaciones de violencia en Chenalhó, Aldama, Amatán, Oxchuc, Bochil, San Juan Chamula, Simojovel, Tila, Yajalón, Chilón, El Bosque, Las Margaritas y Venustiano Carranza,   muchos de esos sucesos están impunes, como impune se encuentra la masacre de Acteal, en donde los sobrevivientes llevan 22 años esperando justicia y verdad, en un escenario de alternancia política, que ha permitido la constitución de gobiernos del PRI, PAN y MORENA, sin que haya la voluntad de investigar, sancionar y conocer la verdad de los vergonzosos sucesos de Acteal, que permanece como una herida en la memoria comunitaria.