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Thu, Jan
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Sin justificante el cobro del emplacamiento vehicular

Editorial
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La administración de Rutilio Escandón decidió implementar el mecanismo de un cobro de derechos con el reemplacamiento de vehículos y con ello se distanció del compromiso presidencial de no aplicar ningún nuevo impuesto a la población.

El cobro de placas resulta a todas luces una decisión desafortunada, pues no se justifica y se corre el riesgo en que pueda ser anulada por la vía del amparo.  Pero el mayos costo que corre la administración de Escandón Cadenas es que durante el año del 2019 se ejerció un gasto superior de los 91 mil millones de pesos, sin que se sepa a ciencia cierta en qué y en dónde se gastaron las cantidades y cuál fue el impacto social de ese ejercicio presupuestal.

En todo el 2019 lo único relevante de la administración fue el discurso de la austeridad, que en los hechos produjo miles de despidos y la reducción de salarios, algo que resulta contradictorio con el monto de los recursos ejercidos y más si no se observa ninguna obra relevante que justifique la inversión de esa cantidad de recursos. De allí que el problema de esta administración es la de justificar que se hizo con más de 91 mil millones de pesos, lo que representa el gasto más alto que haya ejercido en un año fiscal un gobernante en la entidad.

Lo peor de la administración de Rutilio Escandón es que se llegue a descubrir que exista una relación entre austeridad y despilfarro de recursos o el de una austeridad con corrupción, cualquiera de ambas situaciones pone en entredicho al gobernante, que no ha mostrado eficacia en la administración y que no tiene un gabinete ni tiene proyectos de gobierno. Por eso resulta sorprendente que el Congreso Local le haya aprobado un presupuesto de egresos superior a los 95 mil millones de pesos para el año 2020 y que a la fecha no haya por parte de los diputados una evaluación meticulosa sobre cómo y en qué se realizó el gasto del gobierno, cuando en realidad no existe circulante en la entidad.

El cobro de placas le puede redituar a la administración estatal un ingreso apenas superior a los 800 millones de pesos, cantidad que representa menos del 1 % del presupuesto autorizado por el Congreso al gobierno de Chiapas, lo que significa un costo político muy alto al gobernador, en virtud de que la falta de circulante tiene semiparalizada todas las actividades productivas en el Estado, y a eso se le agrega el cobro de un impuesto que resulta un agravio a la población, que no ha visto que la administración estatal le cumpla con el mínimo de las expectativas que se esperaban.

El cobro del emplacamiento resulta un mal cálculo político, que conlleva una alta dosis de pérdida de legitimidad y que obliga a una exigencia en el rendimiento de cuentas por parte de una administración que no tiene rumbo y que le está quedando a deber a Chiapas.