¿Y dónde está el gobierno?

La administración de Rutilio Escandón presenta graves y profundos problemas estructurales: Chiapas es la entidad que menos crecimiento económico presenta en el país; por décadas ha venido padeciendo problemas de gobernabilidad; tiene una alta deuda pública; hay una crisis por la inseguridad; padece un ineficaz ejercicio de gasto público; existen graves deficiencias en la impartición de justicia y se tienen los índices de pobreza más alto del país, en donde el 78% de la población vive en la pobreza y la pobreza extrema.

Lo incomprensible es que pese a la gravedad de cada uno de estas problemáticas, no parecen tener importancia para el gobernador y sus funcionarios, que mantienen la misma indiferencia y frivolidad que los gobiernos anteriores y construyen un  discurso ficción en el que repiten que todo está bien mientras arrastran al gobierno hacia el precipicio.

En Chiapas mantener un discurso de austeridad representa una verdadera irresponsabilidad en virtud de que la principal fuente de circulante de capital es la inversión pública y esta no existe en la entidad a pesar de que en el ejercicio presupuestal del 2019 se gastaron más de 91 mil millones de pesos, sin que haya una obra de infraestructura relevante que justifique el exagerado presupuesto asignado en ese año fiscal al Estado.

Para males mayores hay que señalar que las principales licitaciones han sido asignadas a empresas que no son chiapanecas, como bien puede ser el de los desayunos escolares, con un poco más de un millón de desayunos diarios, cuya dotación la administra una empresa de Puebla que no adquiere productos locales, lo que afecta considerablemente a la economía de la localidad.

Pero los males no solo están en las licitaciones sino también en los nombramientos de los funcionarios públicos. Uno de ellos, el secretario de hacienda, Javier Jiménez, quien cuando era oficial mayor del tribunal de justicia cambió de lugar de residencia y se construyó una residencia –por cierto una casa blanca-, con un valor aproximado a los 15 millones de pesos, cuando sus ingresos no corresponden al nivel de vida que hoy posee. Ahora como secretario de hacienda se le señala de controlar las principales licitaciones y la asignación de la obra pública, a través de un sobrino, quien se desempeña como director de comisión de caminos e infraestructura hidráulica, quien se encarga de solicitarle a las empresas constructoras el 20% de “diezmo”, lo que pone en evidencia el discurso del combate a la corrupción que tanto se pregona en el gobierno federal y estatal.

Otro funcionario que vive un proceso de enriquecimiento es Helmer Ferras Coutiño, director general del instituto de ciencia, tecnología e innovación del estado de Chiapas, de pendencia que sustituyó al consejo de ciencia y tecnología del estado de Chiapas, que en la ley establecía que el requisito para ser director del órgano era contar con el grado preferente de doctor, y con el cambio de nombre se quitó ese apartado de la ley y se dejó de lado establecer los requisitos académicos que debía cumplir el director del organismo, en virtud de que Helmer Ferras no cuenta con el grado de licenciatura, aun y cuando firma documentos oficiales ostentando un título que no posee.

La situación irregular no es exclusiva de estos funcionarios sino que es un mal generalizado en la mayoría de los funcionarios del gabinete de Rutilio Escandón, quienes han demostrado que no se encuentran acorde a lo que requiere Chiapas, para salir del rezago social y de los problemas de gobernabilidad y de seguridad que padece, situación que hace evidente la ausencia de gobierno que hay en la entidad.