Cacahoatán: alguien tiene que renunciar

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca estableció un patrón de violación a la presunción de inocencia, pues invariablemente utiliza a las redes sociales para exhibir  como culpables a las personas que detiene esa dependencia. Ninguno de los detenidos   que exhibe Llaven Abarca tiene sentencia de un juez, pero son sometidos al descrédito y linchamiento mediático en total impunidad.

Ese linchamiento mediático que provoca el fiscal general, es el mismo ánimo que se presenta en comunidades cuando detienen a un presunto delincuente y lo golpean y lo terminan linchando hasta prenderle fuego, tal y como sucedió el viernes pasado en el Ejido Faja de Oro, del municipio de Cacahotán, en donde Alfredo “N” fue señalado en la comunidad de ser el responsable de violación y homicidio de una niña de seis años de edad.

Este linchamiento no es un caso trivial, pues el presunto culpable fue arrancado de las manos de la policía, quienes estaban obligados a darle protección y garantizar la vida del detenido, algo que no sucedió, lo que provocó un homicidio por comisión de omisión y con ello se incurrió en una responsabilidad internacional del Estado.

La fiscalía con un discurso falso, sale con la misma cantaleta de que no habrá impunidad, cuando ésta es inevitable en virtud de que no todos los delitos que se cometen se pueden sancionar, pero sobre todo porque ese homicidio fue responsabilidad de los policías que  intervinieron y en apego de la aplicación de la ley debieran de estar detenidos por el delito de comisión por omisión.

En este drama algo que debe de esclarecerse plenamente son las razones que dejaron en libertad al presunto responsable, quien días antes había salido de la prisión, en donde estuvo cinco años preso bajo el delito de violación y su pena fue conmutada. De manera extraoficial se señala que el detenido fue uno de los beneficiados de la inconstitucional mesa de reconciliación y de confirmarse esta información, el gobernador del Estado debe quedar sometido bajo procedimiento, por el ilícito de liberar presos con sentencia, violando con ello la autonomía de los jueces, pero a su vez, incumpliendo las sentencias ratificadas por jueces y magistrados federales. La situación tiene una gravedad insospechada pues se podría presentar el caso de que un beneficiado de la ilegal mesa de reconciliación reincidió.

El linchamiento de Cacahoatán envuelve en delitos de omisión a varios funcionarios de la entidad. A la secretaria de seguridad por su ineficacia para garantizar la vida de los detenidos en manos de la policía; el fiscal general, por incumplir reiteradamente el debido proceso y la violación de la presunción de inocencia; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al no proteger ni garantizar los derechos humanos de la población  y por actos de omisión y aquiescencia al no emitir medidas cautelares y realizar las recomendaciones a los funcionarios que no apegan su actuación en el marco de la legalidad, en el que la situación obliga a la CEDH a realizar la investigación de los sucesos y el de convertirse en parte demandante de las conductas ilícitas de funcionarios para su debida sanción.

El homicidio tumultuario de Cacahoatán no debe quedar impune y la responsabilidad de esta pérdida de vida debe recaer en algún funcionario, pues se incurrió en un delito denominado homicidio por comisión de omisión.