El violador eres tú

¿En manos de quién está la justicia en Chiapas? La respuesta a esta interrogante resulta desalentadora, pues está en manos de los peores funcionarios; que el propio gobernador del Estado, quien fuera en el gobierno anterior presidente del tribunal de justicia, decidió reformar este poder y desaparecer el tribunal constitucional por haber atendido un solo caso en los últimos quince años.  Pero el mal no sólo está en ese inútil tribunal constitucional sino que transcurrieron siete años de incumplir la ley, al no realizar al personal de este organismo los exámenes de control de confianza y con ello se descuidó que jueces y magistrados no tuvieran un enriquecimiento inexplicable y no se aplicaron los exámenes toxicológicos, aún y cuando en el último examen realizado en el año 2012, más del 50% de los trabajadores del poder judicial evaluado presentó problemas con el consumo de alguna droga.

El mal se encuentra también en la fiscalía general de justicia, que tiene en la tortura el principal método de investigación, que se caracteriza por la fabricación de pruebas, por la invención de culpables y por la protección a la delincuencia organizada.

Bajo estas circunstancias la situación de la justicia en Chiapas no puede estar peor, en donde nadie está salvo de las arbitrariedades de los cuerpos judiciales, del accionar de los ministerios públicos y de las sentencias por consigna de los jueces.

Para colmo de males en Chiapas funciona una inconstitucional mesa de reconciliación, que libera presos sentenciados, violando la autonomía de los jueces quienes son los únicos que tienen la atribución de ordenar la liberación de un inculpado. Esta mesa ha liberado más de dos mil presos con sentencia, entre ellos homicidas, feminicidas, secuestradores, tratantes y violadores, bajo el argumento que presentaban alguna irregularidad en el debido proceso pero sin que a la fecha se haya sancionado a un ministerio público o a un juez por esas irregularidades.

En Chiapas la impunidad es el sello de la justicia, a punto tal que lo que va del presente año, cada tercer día se comete un feminicidio, lo que evidencia la responsabilidad del Estado al no proteger y ser garante de la seguridad de la población, especialmente de las mujeres.

El violador de los derechos humanos es el Estado. Es el policía que incumple con sus responsabilidades y permite que una muchedumbre le arranque de las manos a un presunto homicida para lincharlo y prenderle fuego como sucedió el fin de semana en Cacahoatán. Es el agente del ministerio público que integra mal las carpetas de investigación, que viola el debido proceso y la presunción de inocencia, lo que permite que vía amparo los jueces federales ordenen la liberación del presunto culpable. Son los jueces de control y de ejecución de sentencias, que no revisan con rigurosidad los expedientes y dictan sentencias de condenas a inocentes. Es el conjunto del gobierno que permite que prevalezca la corrupción en el sistema de justicia y que permite que malos e incapaces funcionarios tomen decisiones para decidir sobre el futuro de las personas.

El desastre y la corrupción que hay en el tribunal de justicia en Chiapas no se va a resolver con la reforma del poder judicial aprobada en el pasado mes de diciembre, porque ese órgano está pervertido y la corrupción permea la conducta de la mayoría de los funcionarios. Estos males no los desconoce Rutilio Escandón, pues en el fraccionamiento donde él tiene su residencia, el más exclusivo de Tuxtla Gutiérrez, viven jueces y magistrados que no corresponde el nivel de ingreso con su forma de vida.