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La inseguridad en Chiapas

Editorial
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Los últimos feminicidios en la entidad debieran de encender la alerta en el gobierno de Rutilio Escandón y reconocer que la inseguridad en Chiapas se encuentra desbordada. El fin de semana fue asesinada una niña de seis años en el municipio de Cacahotán y pobladores de la comunidad detuvieron al presunto agresor y le prendieron fuego. Y el lunes pasado fue encontrada otro cuerpo de una menor  asesinada en el municipio de Mapastepec.

Los funcionarios de Chiapas no terminan de aprender que ya no se puede gobernar con mentiras difundidas por boletines que nadie lee ni se puede ocultar la realidad con discursos de éxito que ni el propio gobernador cree. La mesa de seguridad que sesiona en palacio de gobierno sólo funciona para que un grupo de funcionarios se reúnan a tomar café y lean reportes de información maquillada y de veracidad dudosa, que no refleja la realidad que sucede en las calles de la entidad.

Lo real, que se niega a ver el gobernante, es que Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura y de fabricación de pruebas para encontrar chivos expiatorios y con ello la fiscalía suele encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  nueva administración se presuma como importante logro, que los delitos graves sucedidos están resueltos y los responsables se encuentran en prisión. Pero después de confirmar cómo la fiscalía siembra pruebas para culpabilizar a personas inocentes, queda la duda de la efectividad de los operativos y entra la sospecha sobre cuántos de los detenidos son en realidad presuntos culpables.

Hay antecedentes sobre muchas de estas acciones fantasiosas orquestadas por el personal de la fiscalía que se revierten en los amparos ante los tribunales federales, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles.

En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso del gobernante, que manifiesta que en seguridad las cosas se están haciendo bien, pero la queja principal en todos los lugares es la inseguridad que se respira a diario en todo el territorio. La postura de aplicación de la ley sin restricciones que predica el fiscal general, en el que afirma que se va a combatir la impunidad resulta deleznable, simple y sencillamente porque la impunidad existe en todos los países del mundo, solo que aquí es del 99%.

En la población se empieza a decir que la delincuencia desbordó a las instituciones y cada vez se hace más complicado garantizar condiciones mínimas de seguridad. Las ejecuciones y los homicidios violentos se han incrementado, el secuestro se hizo presente, los feminicidios llevan un ritmo de uno cada tercer día, los asaltos bancarios que eran parte del pasado, resurgieron en esta administración, en donde todos los días se difunde en las redes sociales notas sobre robos a casas-habitación y a negocios, asaltos a transeúntes, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, todo esto sucede mientras el fiscal repite a diario que está erradicando la impunidad.

Desafortunadamente en Chiapas la impunidad es muy superior a la eficacia policíaca, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sanciona. Con estas estadísticas el gobernador, el fiscal general y todos los funcionarios de la administración debieran de guardar silencio y ponerse a trabajar en serio, pues en Chiapas no hay gobierno

La entidad vive una etapa difícil de gobernabilidad y de inseguridad y a eso se le agrega la falta de inversión pública del Estado, en el que no se conoce a ciencia cierta en qué se gastaron más de 91 mil millones de pesos, supuestamente ejercidos en el primer año del gobierno de Rutilio Escandón.