La crisis en la producción de maíz

Hay una terrible ineficacia en la secretaría de agricultura, ganadería y pesca en Chiapas así como en las oficinas de la SADER en la entidad, lo que evidencia que en el Estado no existe coordinación para atender los graves problemas que tiene el campo. Bajo estas circunstancias ¿Quiénes son los responsables para canalizar los recursos de apoyos agrícolas al campo chiapaneco? ¿A quién hay que cargarle la responsabilidad de la falta de apoyos para la producción de maíz, que generó que el 50% del territorio laborable esté sin sembrar? ¿Por qué el gobierno estatal y los funcionarios de SADER guardan silencio ante la crisis del campo que se avecina? Hasta ahora ningún funcionario ha dimensionado la magnitud de la crisis en la producción de maíz que se avecina, lo que significa una amenaza hacia grupos que viven en la pobreza y pobreza extrema, que forman parte del amplio sector de la población que vive en la inseguridad alimentaria y que padecen problemas de desnutrición.

Uno de los grandes yerros de las designaciones de personas para integrar el gabinete de Rutilio Escandón se presentó en el nombramiento de la actual secretaria del campo. Aquí no se valoró la importancia que tiene esta secretaría, no sólo para la promoción de programas que mejoren la productividad agrícola sino también por el papel político relevante que tiene el gobierno para establecer condiciones de  gobernabilidad y de atención a miles de productores y trabajadores agrícolas.

La situación en la producción de maíz no es un asunto menor, en virtud de los riesgos de la pérdida de la soberanía alimentaria, en donde se calcula una producción menor de las 600 mil toneladas de maíz, cuando en años anteriores se producían un millón de toneladas, lo que significa un notable abandono del campo chiapaneco, en el que se comparten responsabilidades e ineficiencias entre el gobierno del Estado y la figura del superdelegado del gobierno federal, en el que resulta dudoso que se haya integrado el Censo de Bienestar que hiciera posible la inscripción de los productores beneficiados con los apoyos de los programas.

La ausencia de distribución de los recursos del Programa Producción para el Bienestar y el de la entrega de fertilizantes así como los márgenes estrechos de intervención que tiene la secretaría de agricultura de la entidad, generó que un problema fundamentalmente de productividad agrícola adquiera un matiz político,  en el que se realizaron reuniones entre el gobernador y los principales dirigentes de organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas, en el que seguramente se llegaron a acuerdos políticos pero eso no resuelven los problemas de ineficacia gubernamental en la liberación y distribución de los recursos ni en la posible crisis alimentaria que la entidad está por padecer en los próximos meses.

El gobernador Rutilio Escandón trae un discurso de combate a la corrupción pero no entiende que designar a funcionarios que no tienen las competencias para desempeñar una responsabilidad es un acto de corrupción y no percibe que los subejercicios presupuestales, como el que ya hay en la secretaría de agricultura en el que no se brindaron los apoyos para los maiceros también es corrupción, y lo más grave, es que tampoco le resulta claro, que los recursos públicos destinados para procurar la autosuficiencia alimentaria, que no son ejercidos, representan una violación a derechos humanos, en el que deben ser sancionados los funcionarios responsables de esos atropellos.