Juicio político al presidente de la CEDH

En este momento existe un fuerte cuestionamiento al desempeño del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien ha incurrido en actos de omisión y aquiescencia frente a violaciones de derechos y libertades que se han difundido en las redes sociales, situación que lo convierte en cómplice y no en garante de la protección de derechos.

En este sentido, una labor fundamental que debe de realizar la Comisión Estatal de Derechos de Humanos es la promoción y protección de los derechos humanos de la población en Chiapas, asunto que no solo no lo realiza sino que se ha convertido en un obstáculo a vencer cuando se trata de presentar denuncias contra violaciones que cotidianamente realizan las autoridades. Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de la CEDH, está convertido en un celoso perro guardián de los intereses del gobierno y de los funcionarios públicos y con ello desnaturaliza la función del Ombudspersons.

Zepeda Bermúdez ignora que el Estado es el violador de los derechos humanos de la población y por eso a las distintas autoridades se les tiene que someter a juicio cada vez que incurren en una violación. El presidente de la Comisión debe entender que hay una triple dimensión de violaciones en las que incurre el Estado: a) el Estado en ocasiones es el violador directo; b) en otras ocasiones omite simplemente la debida protección a las víctimas y a los defensores intencionadamente o no; y, c) en ocasiones todo ello se conjuga con una carencia de recursos suficientes para hacer frente a su obligación de proteger o a la ausencia de mecanismos de un juicio justo.

Desde el momento en que hay en la fiscalía general del Estado un experimentado y reconocido torturador, que fabrica pruebas, que viola reincidentemente la presunción de inocencia y el debido proceso, situaciones que han sido denunciados reiteradamente en la prensa y en las redes sociales, sin que la CEDH inicie la investigación de esas denuncias, situación que convierte a este organismos en omiso y  aquiescente, dos delitos que están sujetas a sanción, que deben aplicársele al presidente de la Comisión y someterlo a un juicio político.

La CEDH ha sido omisa y aquiescente en la investigación de los retenes policíacos que en diferente puntos de la ciudad realizan labores de extorsión, pero también lo ha sido en la realización de una investigación eficaz y diligente de los hechos que denuncia el estudiante que aspira ingresar a estudiar  medicina en la UNICH y a quien sin fundamento legal esa institución le niega el derecho a la educación superior y la CEDH no ha realizado las recomendaciones procedentes para resarcir a ese estudiante sus derechos.

Juan José Zepeda Bermúdez carece de antecedentes como defensor de derechos humanos y fue impuesto de manera ilegal e ilegítima por el Congreso Local; su nombramiento fue sometido a juicio, juicio que aún no concluye pues el mismo se está trasladando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ineficacia que prevalece en México en la impartición de justicia.

El caso del estudiante indígena de Chenalhó, Fabián de Jesús Santiz Arias, se ha convertido en un escándalo de inoperancia en la propia UNICH y en la CEDH, que pone en la picota a los dos funcionarios: al rector de la Universidad Intercultural y al vergonzante presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.