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Tue, Feb
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El presidente de la CEDH un violador de derechos humanos

Editorial
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En Chiapas se vive de manera sistemática la violación de derechos humanos, eso se debe a que existen profundas desigualdades sociales en la que prevalecen la discriminación, la violencia institucional, los agravios comunitarios y una larga lista de conflictos, disputas de tierras, de desapariciones, de ejecuciones extrajudiciales, de prácticas de desplazamientos forzados, de detenciones injustificadas, de prácticas de tortura por los cuerpos policíacos, todo ello sin que el sistema de justicia implemente mecanismos eficaces y diligentes en la impartición de justicia.

Este ambiente generalizado de violaciones a los derechos humanos reproducen patrones de impunidad y deja sin mecanismos de protección a la población, aún y cuando éstos son derechos amparados en la Constitución. Por ello, para evitar o reducir conductas que propicien violaciones a derechos, la ley prevé la existencia de comisiones de derechos humanos que busquen garantizar la observancia de los derechos humanos en todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como el de prevenir conductas que propicien futuras violaciones.

En Chiapas la Comisión Estatal de Derechos Humanos está desnaturalizada; su funcionamiento no garantiza la observancia de los derechos humanos ni su desempeño busca prevenir conductas que propician violaciones. Todo ello se debe a la ausencia de compromiso con los derechos de parte del presidente de la Comisión, Juan José Zepeda Bermúdez, quien con las omisiones y la aquiescencia en su comportamiento, no está ayudando al gobernador a construir condiciones de gobernabilidad y de respeto en el efectivo goce y disfrute de los derechos humanos y libertades  establecidos en la Constitución y en un conjunto de normas en el derecho internacional que son vinculantes.

Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene una conducta omisa y aquiescente que lo inhabilita para continuar en el cargo y debe ser sometido a juicio político. Entre sus principales faltas –dejando de lado el escándalo de un estudiante que exige su derecho de ingreso a la UNICH-, se pueden mencionar la ausencia de mecanismos de cumplimiento a cuatro medidas cautelares recientemente emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas  a la violación de una niña de cinco años en el municipio de Chenalhó, a la reincidencia de muertes por cáncer de pobladores del Ejido de Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, por los desplazados de Chenalhó y por el desplazamiento forzoso de pobladores de Chalchihuitán. En ninguno de estos casos el Estado ha cumplido con las medidas cautelares y la CEDH ha sido omisa en el seguimiento de las mismas.

De igual manera la CEDH ha sido omisa en el seguimiento para el cumplimiento de tres recomendaciones de la CNDH al gobernador del Estado, para que implemente medidas de desarme de los grupos paramilitares y diseñe una política de cultura de paz  en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, así como la que se tomen medidas preventivas por los daños ocasionados por la calera en el Cañón del Sumidero.

La ausencia en la atención a estas medidas pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad personal de miles de desplazados y mantiene latente nuevas agresiones y expulsión de población pues los grupos paramilitares continúan activos.

El mal desempeño del presidente de la CEDH también se presenta al interior del propio organismo, que lo sitúa como un consumado violador de derechos humanos. Hace unos días cesó al trabajador René Coello, pues se le señala como presunto responsable de la filtración de la nómina en la que se observa que Zepeda Bermúdez cobró un aguinaldo de 180 mil pesos. Con este cese el presidente de la CEDH viola la presunción de inocencia y el debido proceso pues la investigación que se le solicitó a la fiscalía aún no inicia y el trabajador ya fue despedido como si fuera culpable. Pero a su vez, Con su actitud persecutoria Zepeda Bermúdez viola el derecho a la información, pues la población chiapaneca tiene derecho a saber la verdad sobre cuánto gana el presidente de la CEDH, sin que éste cumpla con su obligación constitucional de garante de los derechos humanos, en el que la conclusión a partir de la información publicada, es que se le paga mucho salario a alguien que resulta inútil.