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Violación de derechos y corrupción en la 4t en Chiapas

Editorial
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En las elecciones del 2018, la negociación que se dio sobre el reparto de las presidencias municipales se acordó que los tres principales municipios –Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal- fueran para personas ligadas a MORENA. Este acuerdo con el exgobernador, fue lo que permitió que personajes sin posibilidades para ganar obtuvieran la presidencia.

En Tuxtla Carlos Morales ni siquiera hizo campaña, pero tenía la promesa de Manuel Velasco de que él lo haría presidente municipal; en la noche del día de las votaciones se supo que en las instalaciones de la UNACH y de la UNICACH se rellenaron las urnas. Hoy existe un clamor generalizado en la población por las ineficiencias  en el ayuntamiento.

En San Cristóbal de las Casas el triunfo de Jerónima Toledo solo se puede entender por el acarreo de votos que de manera descarada se orquestó con el consentimiento y patrocinio del gobierno. Los resultados del gobierno municipal son lamentables, en el que se condenó a la población a padecer el peor gobierno de la historia de esa ciudad.

En Tapachula la posibilidad de triunfo de Oscar Gurría se basaba en la eliminación de la candidatura del Cheque Orduña, quien fue conminado desde el palacio de gobierno, con una orden de aprehensión, que se le haría efectiva si no abandonaba sus intenciones de buscar la presidencia municipal. Hoy Tapachula es un desastre y Oscar Gurría debe abandonar la presidencia municipal, pues incurrió en el mayor de los agravios, que un gobierno supuestamente democrático no debe cometer jamás, agredir y encarcelar a periodistas.

Los tres gobiernos municipales son verdaderos desatinos, pero Tapachula es un caso extremo y por lo mismo inaceptable. Gurría ha sido acusado de corrupción en el manejo obras y en la contratación de los camiones para la recolección de la basura. Esas denuncias fueron hechas directamente con el presidente de la república por la periodista Cinthya Alvarado, colaboradora de este periódico, a quien el pasado lunes, en una protesta de pobladores del Ejido Pavencul, se ordenó su detención  y se pretendió fabricarle pruebas para acusarla de incitación a la violencia. La burda detención, acompañada por la agresión policíaca a otros periodistas, se convirtió un escándalo en la Redes Sociales y la solidaridad a los periodistas agredidos se hizo manifiesta de inmediato. Y la presión ejercida impidió que se le vinculara a proceso.

Este suceso mostró el alejamiento que existe entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales con los medios y periodistas. El mal manejo de la administración de Rutilio Escandón con los medios es inocultable. Y aquí no se trata de una disputa por los convenios de publicidad, pues estos existen de manera discrecional y fundamentalmente a revistas y portales que le pertenecen a Julio Rincón, execrable director del instituto de comunicación social, quien sorprendentemente es un nuevo millonario, que cambió su estilo de vida a costa del desvío de los recursos públicos y quien no puede soportar una investigación del órgano de fiscalización pues su riqueza y la posesión de sus bienes no corresponde con su nivel de ingreso.

La detención de la periodista Cinthya Alvarado y la agresión policíaca a otros compañeros de la prensa, abrió la Caja de Pandora, en el que van a brotar todos los males y corrupción que existe en el gobierno estatal y los gobiernos municipales, en el que los funcionarios continúan con las viejas prácticas de enriquecimiento ilícito, aún y cuando el gobernador predica y convirtió en un acto de fe el combate de la corrupción, algo que simplemente es una ficción de la 4t en Chiapas.