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No a la violencia a los periodistas

Editorial
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La decisión política más desafortunada de la administración de Rutilio Escandón, es la utilización sistemática de la fuerza pública para resolver los problemas sociales en la entidad. Eso sólo provoca mayor violencia, contraviene las disposiciones de la presidencia de la república y se viene construyendo una imagen del gobernador como un represor.

Golpear y criminalizar a un grupo de periodistas en la Ciudad de Tapachula, en medio de una trifulca en el que se reprimió a un grupo de campesinos del Ejido de Pavencul, de la sierra en Tapachula, solo demuestra el falso discurso del restablecimiento del Estado de derecho  y en nada significa implementar una política de cero tolerancia. Por el contrario, la violencia policíaca es una evidencia de la práctica de violaciones de derechos y libertades y encubre la ineficacia de los funcionarios, como sucede con el secretario de gobierno, quien con anterioridad tuvo conocimiento de la decisión de los pobladores de Pavencul de bajar a Tapachula, a grado tal que ya los estaban esperando con la policía municipal y con miembros de la Guardia Nacional, quienes tenían resguardado el palacio municipal de Tapachula y estaban preparados para ejecutar un operativo de desalojo.

De igual manera se puede observar como se orquestó una respuesta para desacreditar a la periodista Cinthya Alvarado, a quien desde la fiscalía se le fabricaron pruebas para acusarla de incitación a la violencia, argumento que fue manejado por varios periodistas pues esa era la consigna, hacerla aparecer culpable de algo que solo pueden ser culpables funcionarios del gobierno municipal y estatal al no atender con eficacia las quejas y demandas de los pobladores.

En el linchamiento mediático en contra de esta periodista lo que se buscó fue intimidar a quienes critiquen al gobierno y crear un clima de temor entre los medios periodísticos, con la finalidad de construir incondicionalidad hacia el gobierno y con ello mandar una clara señal represora a todo tipo de protesta social. 

El gobernador está equivocado con su estrategia de pretender gobernar de la mano de la fiscalía, porque el fiscal general está señalado de practicar y promover la tortura. Además la fiscalía en esta administración se ha caracterizado por la fabricación de pruebas, la invención de culpables y la protección de funcionarios de la propia fiscalía como responsables de delitos, robos y secuestros, en contra de la población.

En toda su carrera política Rutilio Escandón se procuró una imagen de gente de izquierda y fue cuidadoso de no involucrarse en las prácticas de violación a derechos humanos en los gobiernos en el que desde distintas posiciones fue colaborador. Por eso el gobernador debe desmarcarse del agravio y ataque de los periodistas en Tapachula y promover la sanción de un presidente municipal que no goza de las simpatías en la población y quien ha sido señalado reiteradamente por presuntos actos de corrupción.

Resulta obvio que el gobernador no ha cultivado una buena relación con la prensa. Él ha clonado en Chiapas todas las acciones emprendidas por el presidente excepto las ruedas de prensa mañaneras. El gobernador no ha tenido ni una sola rueda de prensa ni reunión con periodistas. Los reprobables actos de violencia en Tapachula obliga a dar explicaciones y a fijar una postura de respeto y compromiso con la libertad de expresión. De no hacerlo se corre el riesgo que la incapacidad manifiesta de gobernar sea sustituido por mayor violencia policíaca.