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Urgente los cambios en el gobierno

Editorial
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Existe información estadística y estudios de sondeos de opinión que muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación cambie, lo que evidencia que no se viene gobernando. En un breve recuento se puede observar que las actividades económicas están paralizadas; el PIB presenta cuatro trimestres de decrecimiento; no hay crecimiento en el empleo; la inversión pública está estancada; el nivel de aprobación del gobernante aparece siempre reprobado y en los 10 últimos lugares; los problemas de gobernabilidad son permanentes y son muchos municipios en donde han existido situaciones de violencia; la inseguridad se apoderó de las calles; la ausencia de políticas para el campo hacen prever una crisis en la producción de maíz y una crisis en la soberanía alimentaria en la entidad.

Sin embargo, el mayor pesar de la sociedad chiapaneca se encuentra en el funcionamiento de dos dependencias: la fiscalía general, que se ha convertido en un peligro para la seguridad ciudadana, pues se caracteriza por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, en el que nadie está a salvo y, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien tiene como presidente a un execrable personaje desvinculado de la lucha por los derechos humanos y que convirtió a esa Comisión en una comparsa que legitima las violaciones de derechos de la fiscalía, y que por ese papel que desempeña, dejó de ser garante de los derechos humanos de la población en Chiapas.

Lo preocupante de esta situación, es que este tipo de actuación de la fiscalía no es un hecho aislado sino una práctica sistemática que provoca riesgos e inseguridad a la ciudadanía, en virtud de que nadie se encuentra a salvo de la fabricación de pruebas para ser inculpado de delitos no cometidos por parte de la fiscalía, y en donde la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es partícipe por omisión o por aquiescencia de estas prácticas violatorias que deterioran la convivencia ciudadana.

¿Por qué permite este abuso de poder el gobernador del Estado, que afecta el proyecto de vida de las familias y cuya violación a derechos agrede a la sociedad en su conjunto? Lo primero podría ser porque desconoce lo que está sucediendo y no le están informando de las violaciones y abusos policíacos; en segundo, porque sus colaboradores del tribunal de justicia, de la secretaría de gobierno, de la fiscalía general o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le están engañando; tercero, porque el gobernador tiene conocimiento de lo que sucede y respalda las violaciones sistemáticas y generalizadas que se viven en Chiapas; cuarto, por el conjunto de complicidades que puede existir con sus colaboradores; quinto, porque delegó sus responsabilidades en sus colaboradores, quienes le vienen fallando a esa confianza; y, sexto, por frivolidad e indiferencia ante los problemas.

Cualquiera el que sea de los motivos señalados,  muestra a un gobernador poco involucrado con el sentido de la justicia, que representa una de las virtudes más preciadas que debe tener un gobernante, de la cual se desprende la honradez, la rectitud, la legalidad, el equilibrio, la responsabilidad, la libertad, la transparencia, la integridad, el respeto y la solidaridad, todos estos principios regulados por la Constitución.

Chiapas por su nivel de violencia y conflictividad requiere de un gobierno de tiempo completo y de funcionarios comprometidos y eficaces, algo que no viene sucediendo, lo que  obliga al gobernador Rutilio Escandón a rectificar hasta ahora lo caminado y realizar los cambios necesarios en el gabinete.