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Thu, Feb
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Violencia del Estado y Estado de derecho

Editorial
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Chiapas históricamente padece dos grandes problemas sociales: los bajos Índices de Desarrollo Humano y la falta de confianza y credibilidad en la impartición de justicia.

Estos dos problemas tienen relevancia en la forma de hacer “política” en la entidad. Por un lado, ha existido un abuso exacerbado en la utilización de los pobres en la promoción y las campañas políticas y, por el otro, se ha interiorizado la idea de impunidad en el imaginario de los funcionarios y políticos chiapanecos, debido a la ausencia de castigos al enriquecimiento inexplicable en los últimos gobiernos, lo que significa un deterioro en las formas de impartición de la justicia.

Los bajos Índices de Desarrollo Humano y la falta de justicia limitan y vulneran la implementación de un proyecto democrático, en virtud de que la pobreza y la falta de educación hacen imposible el establecimiento de la democracia. Pero, de igual modo, la ausencia de justicia hace inviable el proyecto democrático, porque eso significa que no prevalece la legalidad en la impartición de la justicia, situación que caracteriza a los gobiernos autoritarios y a la tiranía.

En este sentido, la crisis de la democracia en Chiapas, y muy seguramente en el país, estriba en los problemas de pobreza y en las deficiencias educativas, que se recrudece con la ausencia de una cultura de la legalidad, situación que tiende a generar que las demandas políticas se expresen con violencia y estén acompañadas por una carga de resentimiento social, en el que fácilmente se violan los derechos de personas y se pierde el sentido de la lucha democrática.

Esto sucede con frecuencia en la el movimiento magisterial, en las demandas de los grupos indígenas-campesinos y más significativamente en las luchas estudiantiles, como las que tienen las escuelas normales en la entidad. La pérdida de la perspectiva democrática y de una cultura de la legalidad en las acciones de lucha, provoca reacciones entre la población de molestias y rechazo, en el que peligrosamente se aplaude la violencia del Estado para reprimir a los manifestantes y se criminaliza la lucha social.

En este sentido hay una idea equivocada del orden social, en el que se piensa que la violencia del estado restablece el derecho y libertades de la población, cuando en realidad sucede lo contrario, y con ello se pierde de vista en que son las políticas erróneas del Estado y de los funcionarios lo que provoca la protesta y la exigencia del cumplimiento de las demandas ciudadanas. De allí que el uso de la fuerza pública para disolver las protestas sean un indicativo de la falta de capacidad política, en el que no existe voluntad en las autoridades para construir acuerdos; en el que siempre es más fácil reprimir que construir gobierno y democracia.

En Chiapas el exceso de protestas se debe al incumplimiento del gobierno en sus responsabilidades y a la frivolidad de los gobernantes. Si bien es cierto que también existen líderes que han hecho un negocio de la protesta, esto hay que decirlo, es responsabilidad exclusiva del propio Estado que fomenta y práctica la ilegalidad y la corrupción con líderes venales, situación que no debe servir de pretexto para desacreditar por igual a todas las protestas.