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Corrupción y violencia institucional

Editorial
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El gobierno de Rutilio Escandón está metido en una severa crisis de credibilidad, de transparencia, de gobernabilidad y de inseguridad pública, pero no parece advertir la magnitud de la crisis y mucho menos las posibles consecuencias de la inacción política que caracteriza a esta administración.

Los problemas y el desprestigio se acumularon circunstancialmente, primero con la renuncia y vinculación de proceso del exsubsecretario de gobernanza, Giovanni Campos, quien desde el gobierno de Juan Sabines, donde ocupó la secretaría técnica en la secretaría de gobierno y luego la subsecretaría de transportes, en ambas teniendo como su jefe al Dr, Jorge Morales Messner, se conocía de su conducta permisiva lo que le permitió tener un rápido enriquecimiento.

Esto despertó sospecha en su designación y la secretaría de gobierno inició cargando el estigma de la corrupción. El despido fulminante y su vinculación a proceso, no limpia esta sospecha porque ya se sabía de sus antecedentes. Todos los que provenían del PRD a MORENA sabían de los ilícitos antecedentes y guardaron silencio cómplice, y flaco favor le hicieron al gobierno de Rutilio,  quien tuvo que salir a señalar que la lucha en contra de la corrupción va en serio, pero su mensaje tiene poca credibilidad. Sobre todo, porque ya se sabe de la existencia de un audio en donde se escucha a Giovanni Campos en función de subsecretario pidiendo a nombre del gobernador las renuncias a los notarios y dejando entrever intimidación y amenazas si estas no se presentaban.

Una docena de notarios decidió recurrir al amparo y hasta ahora lo tienen ganado y el gobierno tendrá que ceder en sus bravatas, de que no se autorizarán más notarías, pues la orden viene de un juzgado federal, lo que implica un fracaso, al no poder conseguir por la vía del acuerdo, las renuncias de los notarios nombrados en el último momento en el gobierno anterior.

La secretaría de gobierno no puede cumplir con el deseo del gobernador y se aventura a exigir la renuncia de los comisionados del instituto de acceso a la información, organismo que es autónomo, y que juega un papel importante en el sistema estatal anticorrupción, como garante del derecho a la información, situación que mancha la integración del nuevo organismo responsable en el combate de la corrupción en la entidad, debido a que el secretario Brito Mazariegos mostró que tiene interés de incidir en los nombramiento de los nuevos comisionados del instituto de acceso a la información, lo que limitaría e incidiría en el funcionamiento del sistema estatal de anticorrupción.

Una mala señal de la administración de Rutilio Escandón es el nulo respeto que se le tiene a los organismos autónomos, a quien sin más ni más el secretario de gobierno pide las renuncias a los responsables, impidiendo con ello el funcionamiento autonómico que debieran de tener.

En medio de todo este desaseo, ayer se incurrió en el mayor error político inimaginable, el de reprimir a la caravana de padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, lo que convirtió a Chiapas en una nota internacional, que reprodujo el patrón de impunidad, al generar de nuevo la violencia institucional, al que han estado sometidos estos padres, en los últimos cinco años de su vida.

Lo más grave de esta situación es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, por esta desaparición de los estudiantes recibió el rechazo unánime de todos los organismos internacionales defensores de derechos humanos, y con ello inició su debacle, que abrió el triunfo de Andrés Manuel López obrador.

La represión de ayer a esta caravana pone en el ojo del huracán al gobierno de Chiapas, que continúa con sus prácticas de violencia institucional y que pone como un gobernante represor a Rutilio Escandón, quien paradójicamente siempre se cuidó de no estar involucrado en actos de represión.