La violencia en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán

El gobierno de Chiapas está errando el camino para construir la paz en un amplio territorio que comprende la región de los Altos y Norte del Estado, en el que la violencia se acrecienta. La obligación principal del Estado es la de erradicar los grupos paramilitares en toda la región, pues estos son los generadores de violencia y el principal obstáculo para el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz.

La construcción de la paz debe formar parte de un plan, de una política pública que al mismo tiempo que mejore las condiciones de vida de la población, se garantice el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana. Sobre todo porque el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz debe ser acordado con los miembros de la comunidad. Debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para construir la paz.

Por ello la decisión de militarizar con patrullajes como una forma de evitar las agresiones paramilitares en los municipios de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán sólo genera el retorno a las condiciones que prevalecían antes del año 2000, en el que existían retenes militares y que algunos fueron retirados por el gobierno de Vicente Fox.

Con la acción del patrullaje militar en Aldama , Chenalhó y Chalchihuitán, resulta claro que el gobierno de Chiapas no entiende la diferencia que existe entre la razón de la fuerza y la fuerza de la razón y no entiende el papel histórico que le toca jugar en el proceso de concordia y pacificación de la zona de conflicto en estas comunidades indígenas. El gobierno, al otorgar su anuencia para la presencia de los militares, sobre la base de los hechos está cancelando en estas comunidades el derecho de vivir en paz y pone en entredicho el derecho a la vida y la dignidad de las comunidades.

Chiapas se encuentra al margen de la importante discusión que se está dando en diferentes países sobre la necesidad de implementar un modelo de justicia transicional. Aquí no existe el interés de investigar sobre la verdad de los hechos violentos ni el que se haga justicia, se sanciones a los responsables de la violencia generalizada en la región, se establezcan mecanismos de reparación y se promuevan acciones de reinserción e integración comunitaria.

Tal parece que la lógica en el gobierno de Chiapas es mantener la violencia en la región o peor aún, dejar que los paramilitares realicen en la impunidad el ajuste de cuentas y que utilicen el terror y la fuerza como el mecanismo fundamental para la pacificación de las comunidades.

El gobernador Rutilio Escandón requiere que alguien le explique que el gobierno chiapaneco tiene dos medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una por los desplazados de Chenalhó, que interpuso el defensor de derechos humanos Diego Cadenas y otra por los desplazados de Chalchihuitán que interpuso el Frayba.

A su vez, el gobierno de Chiapas tiene dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; una por los hechos de violencia en Chenalhó y la otra por los hechos de violencia de Chalchihuitán.  Con estas disposiciones, el gobernador está obligado a establecer mecanismos de prevención para que no se repitan hechos de violencia en la zona, pues de suscitarse él será la autoridad responsable por acción y omisión y compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano.