Golpe a la transparencia, triunfo de la corrupción

Aun y cuando el combate a la corrupción se ha convertido en una prioridad en el discurso del gobernador, las acciones que realizan en su conjunto los funcionarios de la administración desdicen los propósitos del gobernante. Esto parece claro con la intervención de Uriel Estrada, Auditor Superior del Estado, en la designación del consejo de participación ciudadana del sistema anticorrupción del Estado de Chiapas.

Resulta que el trabajo realizado en los últimos tres meses por un grupo de académicos, la mayoría de la UNACH, designados por el Congreso Local para constituir la comisión de selección encargada de evaluar a los aspirantes y nombrar a través del mérito a los integrantes del consejo de participación ciudadana del sistema anticorrupción en Chiapas, quedó bloqueado por la intervención del Auditor Superior, quien desacreditó el procedimiento y terminó enviando su propia lista a la comisión de selección, para que ésta la validara, pasando por alto los méritos profesionales, el prestigio y la experiencia en la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En la propuesta que se busca imponer a través de las presiones políticas, se dejan fuera a los dos profesionistas que mayores calificaciones obtuvieron en el proceso de dictaminación que realizó la comisión de selección, razón por la cual, fue rechazada por dos integrantes de esa comisión, quienes se negaron a firmar el dictamen final que sería enviado el día de ayer al Congreso Local, quien previamente había convocado a sesión para proceder a la toma de protesta de los consejeros; la sesión en el congreso finalmente fue suspendida y se pretende realizar el día de hoy, lo que significa que los funcionarios interesados en inutilizar el sistema anticorrupción en Chiapas, van a emplear los mecanismos a su alcance para presionar y obtener la firma de los dos integrantes de la comisión que rechazan el manoseo y la falta de respeto de un trabajo colegiado, que tuvo como propósito el de conformar un consejo ciudadano que cumpliera sin compromisos políticos el combate a la corrupción.

Lo grave de esta situación son las malas señales que se están enviando, en donde se evidencia la falta de compromiso en la entidad en el combate a la corrupción, pero además, la intención de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, de integrar un consejo de participación ciudadana en el combate a la corrupción queda anulado, en virtud que desde la Auditoría Superior del Estado fueron registrados en el concurso de selección, funcionarios de esa dependencia, que finalmente resultaron beneficiados en la lista  de consejeros, cuando en las calificaciones obtenidas evidencian que no tienen las competencias ni el perfil ni la independencia que se requiere para formar parte del sistema anticorrupción del Estado de Chiapas.

De no cambiar el dictamen, en el que se garantice una selección del consejo de participación ciudadana, a través del mérito profesional,  se corre el riesgo que el sistema anticorrupción en Chiapas nazca muerto y por lo tanto inservible para los fines legales por lo que fue creado.