No se está construyendo legitimidad

En Chiapas, desde el momento en que fueron interrumpidos los diálogos para la paz entre el Estado Mexicano y el EZLN, no ha existido un nuevo intento por construir un plan de paz para la entidad, a pesar de que todas las organizaciones sociales en las regiones Selva, Norte y Altos se encuentran fuertemente armadas, lo que genera constantes brotes de violencia en gran parte de ese territorio.

Gran parte de la violencia armada fue creada por el Estado quien, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, financió la formación de grupos paramilitares con el fin de confrontarlos con los grupos afines al zapatismo, y crear así un ambiente y un discurso que señalara que los conflictos en Chiapas se debía a la existencia de enfrentamientos intercomunitarios. De esa manera se buscó eximir al Ejército de toda responsabilidad del clima de violencia que se generalizó en la entidad.

En el actual gobierno se han presentado distintas agresiones armadas por grupos paramilitares con su dosis de muertos y heridos sin que hayan responsables. Las agresiones han sido fundamentalmente en los municipios de Aldama, en Chenalhó, en Amatán, en Yajalón, en El Bosque,  en Simojovel, en Chilón, en Chamula y en Carranza.

Paradójicamente el gobierno de Rutilio ha recibido dos recomendaciones por parte de la CNDH, originada por la desatención a los desplazamientos forzados provocados por los grupos paramilitares de Chenalhó, que viene afectando a más de 5 mil personas, la mayoría niñas, niños y mujeres, de los municipios de Aldama, Chachihuitán y Chenalhó. En ambas recomendaciones se le otorga un plazo al gobierno de Chiapas para establecer un plan de pacificación en la región y a garantizar el desarme de los grupos paramilitares, plazo que se le venció y no realizó absolutamente nada.

Todos estos enfrentamientos de grupos paramilitares eran previsibles y el gobierno estaba obligado a tomar las medidas adecuadas para limitar y eliminar la presencia paramilitar y así evitar el desbordamiento de estos conflictos.

En estos quince meses de la nueva administración queda claro que los funcionarios no conocían las problemáticas del Estado ni tiene identificados los puntos de conflicto que hay en la entidad, que son más de 400, con distintos niveles de tensión y conflictividad. Pero también queda claro que no se ha logrado constituir un gobierno y que no se tiene una agenda para Chiapas, que le permita prever y adelantarse a los problemas.

El riesgo que tiene este gobierno es que ante la falta de atención a los problemas de la entidad y la inacción que hay en los funcionarios, la violencia se generalice y con ello se multipliquen los problemas de gobernabilidad. Sobre todo porque existe un malestar creciente en amplios grupos de población, que no están siendo atendidos y más porque existe una pobre inversión pública en todo el territorio, lo que significa que no hay un trabajo de contención de las demandas a través de un programa de obras, que permita a la administración construir espacios convenientes de legitimidad.