El uso de la violencia

Chiapas es una sociedad con un futuro incierto, desgastado, paralizado, en el que más de dos millones de niños, niñas y jóvenes de las ciudades y de las zonas rurales están condenados a vivir en la pobreza, sin posibilidades de mínimos cumplimientos a sus derechos sociales y económicos.

En los últimos 30 años Chiapas ha recibido los mayores recursos de la federación en política social y la brecha de pobreza y desigualdad social no solo no se redujo sino que continuó creciendo, a punto tal que 8 de cada 10 niños y jóvenes viven en la pobreza. La duda es cómo se invirtieron esos recursos que no tuvieron el impacto esperado, que era el de mejorar las condiciones de vida de la población en la entidad. Lo más fácil es señalar la culpa de la corrupción, pero el fondo del problema es por qué no se realizaron las investigaciones correspondientes y la sanción de los responsables de ese desvío y despilfarro.

En estos 30 años Chiapas amplió su cobertura educativa al 100%, pero lo hizo con escuelas de mala calidad, en donde el mayor número de ellas son escuelas multigrado atendidas por un solo maestro. En este sentido Chiapas vive la terrible realidad, en que las zonas de mayor pobreza es donde se imparte la educación de peor calidad educativa.

Estos simples datos debieran despertar la indignación y provocar la exigibilidad al gobierno de que se cumpla con la eficacia adecuada en el ejercicio del gasto público, y que cada peso que se invierta en la entidad sea útil, para que la corrupción no sea lo que prevalezca en la realización de las obras ni en la distribución de los apoyos sociales. Pero eso no se realiza, no hay una vigilancia ciudadana y en contrasentido, se ha desarrollado un sentimiento que respalda las políticas represivas de las autoridades.

En Chiapas el desorden social lo provocó y lo toleró el propio gobierno, en condiciones de gran generosidad presupuestal. Hoy día amplios sectores de la población reclaman el restablecimiento del orden y aplauden al gobierno sus actuaciones violentas en contra de la población que protesta, lo grave es que se considera que esta represión es necesaria para el bienestar social cuando este bienestar es el que está afectado y destruido para el  78 % de la población chiapaneca que vive en la pobreza.

En efecto hay que reclamar un orden, pero no represivo, el orden debe ser en el gasto público, en el saneamiento de las finanzas, en la inversión pública. El orden que se le debe exigir al gobierno debe ser el de la legalidad, que los funcionarios no tomen decisiones en la ilicitud y que los daños ocasionados a las finanzas públicas no queden en la impunidad.

Las acciones represivas son promovidas, validadas y avaladas por el propio gobierno y filtradas a la sociedad a través de medios y voceros con el fin de construir consensos y reproducir estigmas a sujetos o acciones políticas que deben de ser castigadas. En Chiapas esté ejercicio ha sido exitoso a punto tal que la violencia del  estado en contra de la protesta se considera necesaria y se le aplaude y se deja de lado que Chiapas es una sociedad sin futuro.