Nuevos tiempos de violencia

En Chiapas ha sido una práctica cotidiana el uso de la represión y la violencia institucional como mecanismo de control político. La lista de líderes sociales asesinados es larga e incluso, en la primera mitad del siglo XX se llegó a la aberración de aprobar una ley en la que se autorizaba a los grandes propietarios a la creación de  las guardias blancas, que se encargaron de desaparecer cualquier brote de protesta.

La violencia institucional en Chiapas ha tenido diferentes patrones de comportamiento. Primero la creación de las guardias blancas, luego la intervención directa de los militares y los cuerpos de seguridad, después del levantamiento zapatista surgen los grupos paramilitares y ha sido una constante en el territorio las ejecuciones extrajudiciales.

Lo que sorprende e indigna, es que en la mayoría de los crímenes y desapariciones forzada no ha existido detención de los responsables ni la investigación ministerial de los hechos ni castigo a los culpables ni la búsqueda de  acciones judiciales que ponga límites a los abusos de poder, en el que prevalece un clima de impunidad.

Así sucedió con los crímenes de los comisariados de los bienes comunales de Venustiano Carranza, de Andulio Gálvez, Sebastián Núñez Pérez, Rubicel Ruíz Gamboa, etc., etc.

En los gobiernos de los últimos 50 años han existido asesinatos políticos, desalojos, desapariciones, detenciones arbitrarias, persecuciones, tortura y desafortunadamente la clase política chiapaneca se empecina en mantener este estado de cosas, perpetuando la impunidad. Pero de igual forma son notorios los crímenes considerados como de lesa humanidad en Chiapas, en el que no deben de quedar en el olvido los sucesos de Bolomchan, en el  municipio de Sitalá,  Acteal, en Chenalhó, la masacre en el municipio de El Bosque,  los asesinados en Chinkultic, en el municipio de Trinitaria y los de Viejo Velasco, en Palenque.

La ausencia de los límites de poder de los gobernantes en Chiapas ha creado este clima de crímenes e impunidad. En donde la señal clara y peligrosa es de que en Chiapas nadie está a salvo de  la arbitrariedad en el ejercicio del poder, esto aplica para el actual gobierno, que no ha mostrado  caracterizarse por el respeto a las libertades y a los derechos ciudadanos y en donde la violencia y la inseguridad alcanzaron situaciones preocupantes de impunidad, en donde se reproduce la vieja práctica de la fabricación de delitos.

La inacción y desatención política que el gobierno mantiene ante los conflictos que hay en Chamula, en Chenalhó, en Aldama, en Chalchihuitán, en El Bosque y en Simojovel, está creando condiciones para una nueva masacre, sin que esto pareciera preocuparle a los funcionarios, que hoy, sin importar la crisis de salu provocada por el coronavirus, continúan dedicándole gran parte del tiempo a la realización de actividades de promoción política, que en construir las condiciones de gobernabilidad, que mucho necesita Chiapas y se repiten los errores de administrar los problemas comunitarios con reuniones con presidentes municipales, como se viene haciendo en la secretaría de gobierno.