La falta de toma de decisiones eficaces en contra de la pandemia del COVID 19 implica para los gobernantes incurrir en violaciones a los derechos humanos. Esto debido a que es una obligación constitucional la de prevenir, proteger, promover y garantizar derechos humanos y en México se tiene el porcentaje mayor de todos los países mundo en la relación entre morbilidad –número de contagiados-, y Mortandad.
La gravedad en las violaciones de derechos humanos cometidas por las distintas autoridades, es que en el país hay más de mil médicos y enfermeras contagiados por este virus, todo debido a la falta de implementos y equipos de trabajo, que sitúan en condición de vulnerabilidad al personal hospitalario.
En Chiapas, como en todo el país, han sido reiteradas las denuncias del personal de las clínicas y hospitales del incumplimiento en la entrega de equipo, aún y cuando las autoridades insisten en repetir el discurso de que se está preparado para combatir la pandemia. ¿Quién miente? Y los datos hablan por sí solo. Más del 9% de los contagiados está muriendo en el país y médicos y enfermeras se están contagiando en los hospitales, lo que evidencia el incumplimiento de las obligaciones de prevenir, proteger y garantizar la salud de la población.
De manera equivocada se ha establecido una política de austeridad en la atención a la pandemia y en casos como en Chiapas se recurre a la caridad y a las donaciones para la lucha en contra del COVID 19, lo que evidencia que no se está preparado institucionalmente para este combate, como insisten en señalarlo las autoridades, y por seguir con una política equivocada del presidente, de imponer la austeridad sobre la prioridad de salvar vidas, en la entidad no se están destinando los recursos necesarios y se acude a los partidos políticos para que estos destinen el 50% de las prerrogativas y al descuento forzado, no voluntario, de los funcionarios y trabajadores de los poderes del Estado y de los organismos autónomos.
El IEPC al avalar el acuerdo para que los partidos renuncien a las prerrogativas está incurriendo en una grave omisión, porque le abre las puertas a la delincuencia organizada para que abiertamente financien campañas, algo que se viene haciendo de manera simulada o encubierta. Aquí en Chiapas personajes señalados por sus vínculos con la delincuencia no solo financian campañas sino que se lanzan como candidatos a puestos de elección popular.
Al respecto, en aras de la transparencia, es deseable que la fiscalía del Estado hiciera público el nombre del personaje que con su asistencia convocó a políticos de diferentes partidos, en una famosa fiesta realizada en Cacahoatán, al que se le reiteró agradecimiento y pleitesía.
La obligación del Estado es que con los recursos públicos disponibles debe de atender el derecho de la salud de la población; pero además, como la salud es un derecho interdependiente a otros derechos como el de la alimentación, al agua potable, a un medio ambiente saludable, a la seguridad social y a la vida, todos estos derechos tienen que estar siendo atendidos con medidas adecuadas por el gobierno, no solo para combatir esta pandemia sino para procurar que la crisis económica generada por la parálisis de las actividades económicas profundice los problemas de alimentación, de pobreza, de desempleo y de caída de la producción, sobre todo la agrícola, que es lo que permite mantener la soberanía alimentaria.
La falta de implemento y equipo en los hospitales
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