El fiscal general debe irse

Dos hechos recientes muestran la cara delincuencial con que se maneja la fiscalía general del Estado en Chiapas: hace 12 días asesinan a una persona en la 5ª Norte y 16 poniente en Tuxtla Gutiérrez, por los indicios del suceso, todo indicaba que se trataba de una ejecución y por eso la fiscalía estaba obligada a implementar medidas precautorias a los familiares de la víctima y no lo hizo, a pesar de que en esa dependencia se maneja un estribillo que menciona que no habrá impunidad en Chiapas. La ausencia de la protección a la familia de la víctima dio pié a que el grupo de sicarios ejecutaran, el pasado martes, en Cintalapa, a la viuda y a sus padres.

El otro suceso es la protección que se le brinda a un funcionario de la fiscalía, quien hace dos días en estado de ebriedad se pasara un semáforo y arrollara un vehículo donde falleció un niño de cuatro años de edad y que su madre sufriera múltiples fracturas en la cadera y las costillas. El encubrimiento de ese homicidio culposo por parte de la fiscalía se percibe cuando no se le realiza de inmediato al presunto culpable el examen toxicológico, violando con ello el debido proceso, con el fin de alterar las pruebas periciales; en el que se hace evidente la actuación parcial de la fiscalía.

La fiscalía ha tenido distintos señalamientos, en el que se involucran a fiscales y a la policía ministerial de participar en asaltos, secuestros, tortura y detenciones arbitrarias sin que al interior de esa dependencia se efectúe investigación alguna para deslindar responsabilidades. Lo grave de esta situación es que al propio fiscal general se le inició hace alguno años una averiguación por la práctica de tortura, sin que esto motive al gobernador a proponer el cambio en la fiscalía.

Desde el inicio del ilegal nombramiento del fiscal del Estado distintas voces impugnaron su nombramiento, pero las complicidades que se entretejieron durante el gobierno de Manuel Velasco entre Rutilio Escandón y Jorge Luis Llaven Abarca, que se desempeñaban como presidente del tribunal de justicia y secretario de seguridad pública respectivamente, hizo que terminaran siendo aliados, y que ya en la gubernatura Escandón Cadenas propusiera en el cargo al ahora fiscal general.

Todo parece indicar, que el colaborador favorito del gobernador es el fiscal general, a quien se le ha permitido cogobernar Chiapas, utilizando el poder de la fiscalía para perseguir, reprimir y encarcelar  a su arbitrio, provocando un clima de terror y de agravios en la población. Pero esta cercanía solo puede deberse a la complicidad que existe entre ambos, sobre todo porque la lealtad en el sistema político mexicano se mide por el nivel de complicidad que se desarrolla y no así por la eficacia en el desempeño de las funciones.

En este sentido solo falta esclarecer el tipo de complicidad que existe y esto hace presuponer que solo puede ser el reparto de beneficios económicos que se obtienen a través de la fiscalía, aunque también hay que señalar, que ojalá esta conclusión solo sea producto de la especulación y la maledicencia.