Lo deseable es que el gobernador decida gobernar

La crisis sanitaria puso en evidencia a los gobiernos por la dificultad en la toma de decisiones. Y lo que inició en una crisis de salud se trasladó a una crisis económica y ahora se prefigura una crisis política, en la que se desconoce la magnitud, pero en el que se perciben posibles cambios en el ejercicio del poder, renuncia de funcionarios, cambios en la composición de las cámaras cuando se presenten elecciones, una profundización en los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta, sanciones a funcionarios que desatendieron las obligaciones del Estado de prevenir, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, y escenarios políticos desconocidos porque después de la pandemia las cosas ya no podrán seguir siendo igual.

En Chiapas se observa a un gobernante que prefiere no tomar decisiones porque así no corre riesgos ni asume compromisos; con ello prácticamente abandonó las responsabilidades que implican gobernar. Lo preocupante es que existe información estadística y estudios de sondeos de opinión que muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación cambie. En un breve recuento se puede observar que las actividades económicas están paralizadas; el PIB presenta cuatro trimestres de decrecimiento; no solo no hay crecimiento en el empleo sino que éste decreció; la inversión pública está estancada; el nivel de aprobación del gobernante aparece siempre reprobado y en los 10 últimos lugares; los problemas de gobernabilidad son permanentes y son muchos municipios en donde han existido situaciones de violencia; la inseguridad se apoderó de las calles; la ausencia de políticas para el campo hacen prever una crisis en la producción de maíz y una crisis en la soberanía alimentaria en la entidad.

La única dependencia que viene trabajando es la fiscalía general del Estado, pero lo hace para mal, pues se ha convertido en un peligro para la seguridad de la ciudadanía debido a que se caracteriza por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, lo que implica un desempeño al margen de la legalidad. Para males de Chiapas, no existen posibilidades para poner límites al crecimiento de la impunidad provocada por el mal desempeño de la fiscalía debido a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está convertida en un organismo que dejó de funcionar, al estar presidida por un personaje execrable, desvinculado de la lucha por los derechos humanos, en donde esta Comisión está convertida en una comparsa que legitima las violaciones de derechos de la fiscalía, y que por ese papel que desempeña, dejó de ser garante de los derechos humanos de la población en Chiapas.

Lo preocupante de esta situación, es que la actuación violatoria a los derechos humanos de la fiscalía no es un hecho aislado sino una práctica sistemática que provoca riesgos e inseguridad a la ciudadanía, en virtud de que nadie se encuentra a salvo de la fabricación de pruebas para ser inculpado por delitos no cometidos pero que la fiscalía fabrica para mostrar una cara de eficacia, y en donde la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es partícipe por omisión o por aquiescencia de estas prácticas violatorias que deterioran la convivencia ciudadana.

El desenlace de esta crisis sanitaria, combinada por una crisis económica y aderezada por una próxima crisis política no se puede adivinar, pero si se pueden prever sus resultados, y éstos son poco halagüeños para Chiapas; en el que se pueden vivir mayores conflictos sociales, un crecimiento de la pobreza, graves problemas alimentarios por una disminución en la producción de granos, mayor inseguridad y cada vez mayores problemas de gobernabilidad.

La situación de Chiapas no puede resolverse con indiferencia ni con posturas timoratas ante los graves problemas sociales, en donde ahora lo deseable es que el gobernador Rutilio Escandón decida rectificar hasta ahora lo caminado, realice los cambios necesarios en el gabinete y se decida a desempeñar la responsabilidad de gobernador.