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¿Dónde quedó la transformación?

Editorial
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En estos momentos, con la crisis sanitaria y con la crisis económica, las condiciones sociales en Chiapas pasan por una de las situaciones más difíciles de la historia, sin que esto preocupe y motive a los funcionarios de la administración de Rutilio Escandón a desarrollar el mejor de los esfuerzos. Si bien es cierto que el empobrecimiento de la población ha sido constante en los últimos 20 años y la tensión y los conflictos están presentes en gran parte del territorio estatal, tampoco se deben pasar por alto que los viejos problemas de la entidad se han agudizado y los nuevos problemas se multiplican con dinámicas propias, que se imbrican y se confunden unos con otros. A esto hay que agregarle un nulo crecimiento económico en los últimos años, lo que representa una muy pobre generación de empleos, y en los casos en donde se crearon, fueron con salarios mal remunerados, que conduce a la precariedad.

Es en las comunidades indígenas donde más se han resentido las políticas equivocadas de despilfarro del gasto público en los últimos gobiernos, que ha ocasionado un mayor crecimiento de la población y de la pobreza. Esto viene provocando una agudización de las problemáticas sociales en varios municipios, lo que complica la intervención y solución de los problemas. Entre los municipios de más alta conflictividad son San Juan Chamula, Oxchuc, Chenalhó, Zinacantán, Aldama, Tenejapa, Ixtapa, El Bosque, Simojovel, Bochil, Pueblo Nuevo, Tila, Chilón y Venustiano Carranza.

En cualquiera de esos municipios existen condiciones sociales para que una chispa se convierta en un problema mayor, sobre todo, por la fuerte presencia de grupos paramilitares y porque las organizaciones sociales de toda esa región se encuentran fuertemente armadas, además de que se vienen propiciando tensiones en contra de Bases Zapatistas o de adherentes de la Sexta Declaración de la Selva, en donde el principal ingrediente de disputa está en la posesión de las tierras; situación que tiene divididas y confrontadas a cientos de comunidades, sin que exista una política de construcción de paz y de desarme en ese territorio y sin que haya el interés de parte de la secretaría de gobierno para atender la problemática.

Todo lo anterior fomenta en Chiapas la creación de escenarios de violencia en gran parte del territorio del Estado y con ello se mella y se pone en riesgo la frágil gobernabilidad que existe, en un momento en que el gobierno mantiene una  restricción presupuestaria en la entidad, encubierta en una falsa austeridad, en el que no hay obras ni inversión pública, debido a la contingencia sanitaria, y donde la entrega de los apoyos de los programas de bienestar resultan dudosos y su impacto social es imperceptible.

Bajo estas circunstancias se requiere una urgente renovación del gobierno y a la vez asumir un nuevo compromiso político para sentar las bases para la transformación de las condiciones sociales y económicas de la entidad. La decisión no es un asunto sencillo, porque eso implica acabar con las complicidades con funcionarios que acompañan al gobernador desde el período en que fuera presidente del tribunal, pero que han demostrado con creces que llegaron al nivel de incompetencia y en el que la eficacia de un gobierno no puede estar determinada por los niveles de amistad o compadrazgos.