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¿Quién atiende los problemas políticos en Chiapas?

Editorial
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En días pasados se suscitaron hechos de violencia en los municipios de Bochil y Venustiano Carranza. En ambas regiones existe una larga tradición de lucha campesina, que no puede pasarse por alto, y en donde alguno de los liderazgos de esta lucha se formaron en el congreso indígena de 1974.

En Bochil y municipios vecinos es reincidente la protesta a partir de las prácticas viciadas que se desarrollaron en gobiernos anteriores, en el que se pervirtieron los programas de apoyo y se creó la costumbre de otorgar esos apoyos en dinero en efectivo. En este gobierno primero hubo la intención de desaparecer el cabildo de Bochil, donde incluso se obligó a los regidores a poner la renuncia en una maniobra burda realizada en las instalaciones de la presidencia municipal de Ixtapa, que se suspendió porque ese acto fue filmado y transmitido en las redes sociales, maniobra que terminó desacreditando al secretario de gobierno, quien demostró que no estaba a la altura de las circunstancias para promover la transformación política que en el discurso tanto se pregona. Paradójicamente ahora el presidente municipal es uno de los protegidos del secretario de gobierno, lo que despierta el sospechosismo de un tráfico de influencia a través del pago de cuotas económicas que se comenta les fueron impuestos a los presidentes municipales por la Auditoría Superior del Estado en contubernio con el secretario de gobierno.

En Carranza el problema es mucho más complejo, que data por la lucha del pago de las tierras que fueron anegadas por la construcción de la Presa de La Angostura y por la posesión de tierras de dos grupos caciquiles en la región, que produjo el incumplimiento de un decreto presidencial en el período de Gustavo Díaz Ordaz, quien otorgó una dotación de tierras a los Bienes Comunales. Aquí la tensión no pasa desapercibida, por ser la tierra donde nació el gobernador del Estado, que evidencia una falta de legitimidad del gobernante, quien no puede garantizar el orden ni en su propia casa.

Estas dos situaciones son una muestra de la ausencia de gobierno en Chiapas, que está provocando que exista una mayor violencia en la entidad, que se reproduce en varios municipios indígenas, pero también en la costa, debido a que no se atienden ni resuelven los problemas sociales. A la vez, se ha desarrollado un falso discurso que parte de la idea que con el uso de la fuerza policíaca se construye el Estado de derecho, y ahora se quiere utilizar a la policía en contra de la población para encubrir la incapacidad en la negociación política y la falta de acuerdos.

La violencia en Bochil y Carranza ha sido administrada desde el palacio de gobierno, y la falta de capacidad para emprender el diálogo y la construcción de acuerdos ha ocasionado la mediación de grupos de la Iglesia, y se está reproduciendo el mismo mecanismo del gobierno anterior en el que el trabajo de la secretaría de gobierno se realizaba en la vicaría de la Iglesia en San Cristóbal.

El uso sistemático de la fuerza pública para reprimir la lucha social, así como la ausencia de gobierno debiera de conducir al gobernador a realizar, con los pies sobre el piso, un minucioso análisis de los resultados de su administración, pues los problemas y la situación en Chiapas se complica cada vez más, debido a que no hay programa de gobierno, no existe una agenda política, no hay gabinete y el secretario de gobierno y el fiscal general, han utilizado los cargos y el presupuesto para realizar proselitismo, en donde realizan actos de campaña anticipada, en  la búsqueda de ser los sucesores del gobierno.