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Otra más del fiscal general y del presidente municipal de Tuxtla

Editorial
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Dentro de las medidas de seguridad para prevenir la propagación del coronavirus ninguna autoridad puede implementar acciones que resulten violatorias a los derechos humanos, así lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación, en donde hace un  “llamado a los Estados Miembros de la OEA a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen, los cuales deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los DESCA; asegurando el funcionamiento de los Poderes Públicos del Estado. Asimismo, la Resolución señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral”.

Esta explicación viene al caso debido a que la presidencia municipal de Tuxtla y la fiscalía general del Estado tomaron la decisión aberrante de iniciar carpeta de investigación en contra de los presuntos responsables, que evitaron que el municipio instalara las vallas para impedir el paso en la avenida central, el día previo a la celebración del día de las madres.

Esa decisión, aunque haya sido tomada en el marco de las medidas sanitarias, en el centro de Tuxtla, resulta violatoria al derecho humanos al libre tránsito, al derecho humano al trabajo y al derecho humano a garantizar la alimentación de las personas que laboran en los mercados y de los trabajadores de la economía informal. Si existiera un presidente de la Comisión de derechos humanos en Chiapas, involucrado en la defensa y garantía de estos derechos, ya estaría integrando la queja y efectuando la recomendación correspondiente en contra de las autoridades que tomaron esta decisión de cerrar el centro de Tuxtla bajo el pretexto de impedir los contagios.

Lo grave es que sobre este acto de violación de derechos humanos la presidencia municipal presenta una denuncia en contra de los presuntos responsables y el fiscal inicia la integración de la carpeta de investigación, lo que significa que estas autoridades están jugando con fuego e incumpliendo una resolución general de la CIDH, que formula que las decisiones de la autoridad deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos y aquí ni el fiscal ni el presidente municipal de Tuxtla lo están haciendo.

La ignorancia, el autoritarismo y la conducta propensa a la violación de derechos humanos de estos funcionarios los condujo, a utilizar el derecho penal sobre una acción colectiva, que responde al derecho legítimo de buscar el sustento diario, en el que decidieron protestar y rechazar una iniciativa del Estado violatoria a derechos humanos.

El fiscal en su pervertida conducta de torturador, que pone en riesgo la seguridad de las personas, confunde como delincuencia, lo que en realidad es un acto de inconformidad de un sector que se dedica al comercio, a quienes mediante un acto de autoridad les prohíben el derecho al trabajo.

Es necesario que el gobierno del Estado convoque a la conciliación y garantice los derechos humanos de la población en Chiapas y neutralice y sancione las conductas de los funcionarios que apuestan a la violencia, a la criminalización de la protesta y que pretenden incendiar a Tuxtla al provocar un enfrentamiento entre los locatarios y el municipio, si en la estupidez de la fiscalía deciden la detención de alguno de los inconformes que impidieron se violara derechos humanos, al pretender poner un cerco en el centro de la ciudad.

Lo que ignoran  el presidente municipal y el fiscal general, es que la medida que buscan implantar con la detención de cualquiera de los participantes, quedarán sujeto al incumplimiento internacional del Estado, y el caso se ventilaría de manera directa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.