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El juicio a los gobernadores

Editorial
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Con el anuncio de la posible aplicación del hoy no circula en Tuxtla Gutiérrez, se percibió un enojo social en las redes sociales en contra del gobierno de Rutilio Escandón, que representa un indicador de que las cosas no andan bien.

El trato al gobernador por primera vez fue duro e irrespetuoso, y si la relación del gobierno con la ciudadanía no se modifica, se puede prever que este tipo de trato y de señalamientos va a ser recurrente, lo que no solo va a desgastar la imagen del gobernador sino que antes del segundo año de la administración, la imagen del gobernador padecerá de un descrédito, algo que no sucedió en el gobierno de Velasco Coello ni en el de Juan Sabines, en que el desprestigio de ambos fue generalizado antes de concluir los seis años de gestión.

Rutilio Escandón requiere convocar a la unidad y a la reconciliación y escuchar a todas las voces, aún a las más irreverentes en las críticas a la administración. Pero este llamado no puede realizarse si el gobernador no toma decisiones fundamentales que garanticen el retorno de la legalidad, la transparencia en la administración y la recomposición del gabinete.

¿Qué es lo que impide que en estos momentos se convoque un llamado a la unidad? El trabajo que se realiza en la fiscalía general, que utiliza las prácticas de tortura como el método más acabado de la investigación policial. Pero a su vez, no se puede convocar a la concordia, si se continúa manteniendo el derecho a la propiedad como el principal derecho humano en Chiapas, violando con ello el derecho a la vivienda adecuada, el derecho al agua, el derecho al trabajo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes a una vida digna, derechos que son violados por los desalojos emprendidos por la fiscalía sin que exista en la mayoría de ellos órdenes de un juez. En estos desalojos no se ha previsto la proporcionalidad de los derechos; sin duda hay predios que deben  retornar a sus propietarios, pero el Estado debe de hacerse responsable del otorgamiento de vivienda y, en otros casos, en donde la devolución no es posible, el Estado debe de implementar mecanismos de indemnización a los propietarios. Ese es el papel de un Estado democrático de derecho, que no se ha cumplido en la administración de Rutilio Escandón, en el que tiene extraviado el carácter social del estado.

La recomposición del gabinete es urgente, porque la mayoría de los funcionarios ya demostró el nivel de incompetencia que se manifiesta en la administración, en el que no se toman decisiones, la ilegalidad prevalece, el nivel de conflictos se incrementan y la corrupción continúa galopante como en sus mejores tiempos, sin que desde la cabeza se de un manotazo firme para que las cosas funcionen con eficacia y transparencia, y se atiendan los problemas de gobernabilidad, de inseguridad, las deficiencias en los programas de atención del campo, se construya nuevas ciudadanías autoresponsables, capaces de hacer frente a cualquier pandemia y se mejore las condiciones de bienestar de la población chiapaneca.

El gobernador no debe olvidar que su triunfo electoral se dio bajo un grito de contra-campaña que  decía “AMLO si Rutilio no”. Hasta ahora, en lo que va de esta administración, las indecisiones del gobernante nos demuestra cuanta razón había en ese grito de contra-campaña, pues este gobierno está muy por debajo de las expectativas esperadas, en el que no hay empleos y la economía tiene una tasa de decrecimiento peligroso, que va a incrementar la pobreza y la desigualdad social.

La convocatoria a la unidad y la reconciliación es necesaria para hacer frente a la crisis sanitaria y a la crisis económica que se viene, está en las manos del gobernador construir un nuevo pacto con la sociedad, en el que abandone sus rencores y le preocupe más cómo quiere que ser recordado como gobernante.