Sin ideas de una política sanitaria

Bajo las acciones de combate al coronavirus, en Chiapas se vienen tomando decisiones que se encuentran fuera del marco de la Constitución y que significan flagrantes violaciones a los derechos humanos. Tal es el caso del cierre del centro de la Ciudad de Tapachula, el sinnúmero de retenes policíacos en los municipios y la determinación de la secretaría de transportes de regular la circulación de los vehículos particulares en Tuxtla Gutiérrez.

Es cierto que existe una legítima preocupación por el número de contagios y fallecimientos en la entidad, lo que obliga a tomar decisiones que busquen detener y luego disminuir la propalación de este problema de salud pública; pero todas las decisiones que se tomen deben de respetar la legalidad, las libertades y los derechos de las personas. Y no se deben tomar decisiones de ocurrencias, que no están respaldadas por ninguna opinión científica o de académicos, como es la determinación de regular el número de dos personas en vehículos particulares, en donde el copiloto debe ir en la parte trasera del automóvil.

Es cierto que hay un número considerable de pobladores que continúan realizando actividades en la calle y muchos de ellos no guardan las medidas mínimas sanitarias, como es el uso del cubrebocas, en el que se exponen al contagio y a la propalación del virus. Sin embargo la política a seguir no pueden ser las medidas restrictivas o de coacción, pues con ello se pierde de vista las condiciones socioeconómicas que prevalecen en Chiapas, en el que 8 de cada 10 habitantes vive en la pobreza o pobreza extrema y donde 7 de cada 10 personas con empleo trabajan en el mercado informal.

Bajo estas condiciones la aplicación de las medidas “Quédate en Casa” no pueden funcionar, pues las familias se quedan sin el sustento diario, y aquí es donde se percibe la mala actuación del gobierno de Rutilio Escandón, quien se desentendió de una responsabilidad social del Estado de proveer alimentación en calidad y cantidad a la población que acredite incapacidad para obtener alimentos en las condiciones de emergencia sanitaria que se vive en el país y en Chiapas específicamente.

El gobierno de Rutilio Escandón está obligado socialmente a destinar el máximo de los recursos para satisfacer las necesidades de salud y de alimentación, a este sector de población empleada en el mercado informal, al que es urgente que se quede en casa, y que el gobierno quiere restringir su circulación, pero que no le están destinando los apoyos y recursos que se requieren para que deje de trabajar y así cumplir con las medidas sanitarias en su casa.

El gobierno de Chiapas no ha cumplido con las medidas mínimas sanitarias con la población. No ha destinado ni un peso de su presupuesto para la compra de millones de cubrebocas y regalarlo en la población. De haberlo hecho tendría la autoridad para exigir el uso obligatorio del cubrebocas y restringir la circulación de personas que incumplan con esta disposición.

El desempeño hasta ahora del gobierno lo imposibilita para establecer medidas que limiten o restrinjan las facultades y derechos de las personas ni tampoco puede imponer obligaciones que regulen la vida cotidiana o el uso de sus propiedades como es el uso del vehículo. De continuar con estas medidas se acumularán las demandas en contra del gobierno.