Un gobernador estadista o por lo menos responsable

El incremento en los contagios por COVID 19 en Chiapas va a estimular a voces que insistirán en la aplicación de las medidas restrictivas en la circulación de personas. Este tipo de acciones se tomaron en países de Europa como Italia y en América Latina hubieron países que aplicaron el toque de queda, sin que haya existido un éxito en el control de la propagación del virus.

Las medidas autoritarias de restricción de derechos y libertades no es una solución. Tampoco lo es responsabilizar a la población de sus cuidados pues el gobierno nunca ha trabajado sobre la construcción de nuevas ciudadanías que posibiliten la autoresponsabilidad en los cuidados. Otra situación que es insubsanable son los niveles de pobreza en Chiapas, en donde el 80% de la población carece de los mínimos vitales para sobrevivir; junto a ello está el problema de que el 70 % de la población ocupada lo hace en la informalidad por lo que tiene que salir todos los días a trabajar para obtener el sustento de su familia.

Para la Organización Mundial de la Salud, las dos medidas eficaces para evitar los contagios del coronavirus son el confinamiento en casa y la sana distancia: dos aspectos difíciles de cumplir en Chiapas, por las necesidades alimentarias de la población, de allí los graves riesgos de una contagio mayor en la población, en el que en cuestión de días se van a duplicar los contagios y los fallecimientos.

El único organismo capaz de resolver la disyuntiva social en la que se encuentra la entidad es el gobierno. Y para ello tiene que hacer un uso responsable del presupuesto, con el fin de atender la prioridad número uno que hay en Chiapas, que es la de garantizar la salud y la vida de la población. El único trabajo que debe realizar el gobernador es redistribuir el presupuesto y liberar menos del 2% de su presupuesto de 95 mil millones de pesos, que permitirá desarrollar cuatro acciones: 1) elaborar un programa de alimentación en calidad y cantidad para 100 mil familias que viven en la pobreza; 2) un seguro de desempleo para 100 mil personas que estaban sin trabajo o que fueron despedidos en esta crisis sanitaria; 3) destinar un apoyo económico a vendedores y trabajadores de la economía informal para procurar el quedarse en casa; 4) crear un fondo para establecer un programa emergente de recuperación económica y generación del empleo; y, 5) salir a enfrentar al virus y no andar detrás de él como está sucediendo; la única forma de reducir la pandemia es identificando a la población portadora que es asintomática, atenderla y crear un cerco sanitario para prevenir mayores contagios como sucedió en otros países que tienen reducida la pandemia. Todo ello significa un recurso no mayor a los mil 500 millones de pesos, que el Estado los tiene y que puede disponer de ellos.

Hasta ahora la actitud del gobernador no ha sido la más adecuada para enfrentar la crisis sanitaria. No ha hecho intentos por hacer uso del presupuesto y prefiere solicitar ayuda a la caridad, evadiendo sus responsabilidades y obligaciones constitucionales. Sin embargo ha permitido decisiones ilegales que violan derechos humanos, que lo sitúan en la ilegalidad y puede ser sometido a juicio por ello, debido a que las autoridades no pueden obrar de forma discrecional y como les plazca, sino únicamente hacer aquello que las normas les permita hacer de manera expresa y ninguna ley en el país le otorga facultades a un gobernador o a presidentes municipales para restringir libertades y derechos.

La posibilidad de Rutilio Escandón de trascender como estadista es la de instruir al congreso la racionalización y redistribución de los recursos presupuestales del Estado, en aras de cumplir con la satisfacción de derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la alimentación, a la salud y a la vida.