Los sucesos de violencia en Venustiano Carranza bien pudieron presentarse en más de 16 municipios de Chiapas, debido sobre todo a la falta de atención política y a la creciente pérdida de legitimidad del gobierno, que ha desaprovechado el bono democrático con el que llegó al poder, que despertó muchas expectativas y que hoy existen claras muestras de insatisfacción hacia este gobierno en muchos núcleos de la población.
El malestar social que prevalece en la atmósfera chiapaneca es una realidad, que no se puede ocultar y mucho menos pretender confundir con el rumor de una conspiración o la existencia de intereses perversos que buscan generar el desorden de Chiapas. En mucho los problemas se deben a la falta de oficio en las presidencias municipales y a la inoperancia del grueso de funcionarios de la secretaría de gobierno, que se comportan como si tuvieran un mal que los paraliza, pero también se debe a los excesos que comete la fiscalía general en la fabricación de delitos, y Carranza es una muestra de ese proceder, ya que existen muchos casos de detenciones provocadas por este ilegal comportamiento de la fiscalía y a pesar en que se han hecho las denuncias de estas detenciones, la respuesta ha sido el silencio.
Por eso es necesario que el gobernador Rutilio Escandón realice una evaluación de su gobierno, con base a resultados, y deje de imaginar que se están haciendo bien las cosas, pues eso es igual al engaño del canto de las sirenas, debido a que la pérdida de legitimidad que hay en Chiapas se debe fundamentalmente a la ausencia de gobierno y a la falta de proyectos políticos y de desarrollo que prevalece en la entidad.
La legitimidad se construye todos los días con acciones eficaces de gobierno, en donde se atienden y resuelven las demandas de la población, en el que se establecen compromisos y se cumplen. Eso no está sucediendo en Chiapas. Las secretarías que integran la administración mantienen una inmovilidad preocupante y se encuentran a la espera de las instrucciones del gobernador, instrucciones que no llegan simplemente porque no hay proyectos. Esto provoca que no haya un programa de educación, un programa de salud, un programa para el campo, un programa de infraestructura, un programa para la reactivación de las actividades productivas, un programa para la generación del empleo, etc., etc..
La política de austeridad ha provocado un desastre mayor para Chiapas, que requiere de una inversión eficaz, en donde la inversión de cada peso sea sometido a una medición de resultados. La ausencia de una inversión y la práctica sistemática por querer resolver los problemas sociales con el uso de la fuerza pública, está acumulando el malestar, como sucedió en Carranza, pero que puede suceder en Chamula, en Oxchuc, en Simojovel, en Bochil, en Tila, en Yajalón, en Chilón, en Pueblo Nuevo, en El Bosque, en Altamirano en Ocosingo, en Las Margaritas, y en una decena más de municipios en Chiapas.
La experiencia en Carranza debiera de servir para una convocatoria a la mesura y a diálogos por la paz y no violencia, pero también a la construcción de un gobierno proactivo que responda a las necesidades y demandas de la población.
No a la violencia con violencia
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