Crímenes en la impunidad en Chiapas

En Chiapas se han cometido actos criminales que han quedado impunes. Uno de ellos es el de la violencia generada por los grupos paramilitares en las regiones indígenas, formados por el Estado mexicano, con el fin de contrarrestar el avance zapatista en la zona de conflicto y para simular un enfrentamiento interétnico en las comunidades..

Si bien es cierto que el desplazamiento por motivos religiosos se dio en los años 70s, el desplazamiento por motivos políticos se multiplicó después del levantamiento armado del 94. Este último tipo de desplazamiento ha provocado a la fecha que más de 70 mil indígenas hayan sido expulsados de sus comunidades.  El rastro de dolor que ocasiona la expulsión de la comunidad ha sido ignorado por los distintos gobiernos en la entidad, sin importar siglas o colores, y todas estos desplazamientos forzados en el que inclusive han sido acompañados con asesinatos,  han quedado en la impunidad.

Ningún gobierno estatal o federal ha buscado acabar con esta práctica de desplazamiento forzado y en sus intenciones no ha existido el interés de investigar, perseguir y castigar a los responsables, así como a quienes desde el Estado o los que cuentan con su consentimiento y toleran este tipo de violencia que viola múltiples derechos humanos.

El silencio que se guarda ante los miles de casos de desplazamiento en Chiapas resulta inaceptable y más si proviene de gobiernos que se autonombran de izquierda, que debieran ser los más interesados en la búsqueda de la verdad y el castigo a quienes cometen estos tipos de crímenes de dañan a la sociedad. Por eso resulta inadmisible, que en el actual gobierno no haya instruido la investigación, persecución y castigo a los responsables de los desplazamientos y juegue con el dolor de los desplazados con reuniones que no buscan procurar justicia ante el horror que significa vivir fuera del ámbito comunitario.

Ayer falleció una mujer en situación de desplazamiento del grupo de familias expulsadas del Ejido Puebla de Chenalhó, a quienes se les robó el derecho a un proyecto de vida comunitario y se les niega el derecho a ser sepultado en el lugar en donde descansan sus ancestros. Lo más grave de toda esta situación, es que la historia de sufrimiento de los desplazados en Chiapas parece no tener fin, simple y sencillamente porque hay un gobierno que no tiene intención de procurar justicia y no mide las consecuencias de dejar impune un acto criminal sancionado no solo por el derecho internacional sino también por las propias leyes mexicanas.

La ausencia de justicia a los desplazados indígenas deja muy mal parado al gobierno de Rutilio Escandón, pues da claras muestras que no le interesa castigar delitos graves, que ponen en riesgo la vida de miles de familias indígenas en situación de desplazamiento. A la fecha, no hay interés de este gobierno de investigar, perseguir y castigar a los perpetradores de los desplazamientos, aún y cuando estos crímenes se hayan realizado en otros gobiernos y  los responsables directos de los desplazamientos nada tienen que ver con el partido gobernante. Sin embargo el silencio ante la impartición de justicia denota lazos de complicidad y protección de  este gobierno y los grupos paramilitares responsables de la violencia en las comunidades indígenas.