Los riesgos de la violencia en las comunidades indígenas

El gobierno de Chiapas está errando el camino para construir la paz en un amplio territorio que comprende la región de los Altos y Norte del Estado, en el que la violencia se acrecienta. La obligación principal del Estado es la de erradicar los grupos paramilitares en toda la región, pues estos son los generadores de violencia y el principal obstáculo para el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz.

La construcción de la paz debe formar parte de un plan, de una política pública que al mismo tiempo que mejore las condiciones de vida de la población, se garantice el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana. Sobre todo porque el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz debe ser acordado con los miembros de la comunidad. Debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para construir la paz.

Chiapas se encuentra al margen de la importante discusión que se está desarrollando en diferentes países sobre la necesidad de implementar un modelo de justicia transicional. Aquí no existe el interés de investigar sobre la verdad de los hechos violentos ni el que se haga justicia, se investigue y se sancione a los responsables de la violencia generalizada en la región, se establezcan mecanismos de reparación y se promuevan acciones de reinserción e integración comunitaria de los miles de desplazados que hay en Chiapas.

Tal parece que la lógica en el gobierno en la entidad es mantener la violencia en la región o peor aún, dejar que los paramilitares realicen en la impunidad el ajuste de cuentas y que utilicen el terror y la fuerza como el mecanismo fundamental para imponer a través del miedo y de las expulsiones las reglas de convivencia en las comunidades.

La violencia cotidiana en las comunidades indígenas no son una preocupación para el gobierno de Rutilio Escandón, quien actúa ignorando los riesgos que representa un acrecentamiento de esta violencia, que alcanzaría difusión internacional, por los fuertes significados que tiene Chiapas y la población indígena en Europa  y Norteamérica, que prácticamente lo pondría en la picota por las presiones de los organismos internacionales que se ejercerían sobre el Estado mexicano.