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Los costos de las omisiones se pagan al final del sexenio

Editorial
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El discurso triunfalista del gobernador, la inoperancia del gobierno y la mezquindad en el manejo del presupuesto, que impidió se destinaran los recursos suficientes para el combate del Covid 19, representan tres causas para que la pandemia en Chiapas esté fuera de control, con un número desconocido de fallecimientos, por el maquillaje que se hace de las cifras oficiales de contagios y muertes, en el que personal de los centros hospitalarios continúen demandando el abastecimiento de material médico y medicinas.

La muestra evidente sobre el manejo inadecuado del combate a la pandemia son el contagio de tres secretarios de la administración pública estatal -bienestar, pueblos indios y gobierno-, así como varios presidentes municipales, sin que esto comprometa al gobernador, Rutilio Escandón, a establecer la política de aplicación de pruebas para la detección del virus, con el fin de contar información real sobre la dimensión del contagio en la entidad y  definir las estrategias adecuadas y de filtros sanitarios para el control de la enfermedad.

La crisis sanitaria debió de poner como prioridad fundamental el derecho a la salud y la preservación de la vida, pero el gobierno nunca lo entendió así por seguir las ocurrencias del presidente de la república, cuando las condiciones de pobreza en Chiapas indicaban que el contagio en la entidad podía ser devastadora, como en realidad está siendo, pero eso lo ignora el gobernador, cuya única preocupación es la de embriagarse con los aplausos que le brindan los subordinados y no se está dando cuenta de los cadáveres que pasan por su alrededor.

Un gobierno que se precia cercano a la gente y preocupado por los más pobres, considera que el valor público más importante en la elaboración del presupuesto son los derechos humanos, y éstos son los que definen las directrices para los objetivos del gobierno, algo que simplemente no se ha entendido en Chiapas, en donde se elaboró un presupuesto sin sentido ni prioridades en donde la fiscalía general de justicia tiene más presupuesto que la UNACH y el doble de presupuesto de la secretaría de bienestar y la secretaría del campo. Esto es un indicativo que los derechos humanos no son la prioridad de Rutilio Escandón, que presume logros de la procuración de justicia omitiendo las prácticas de tortura en esa dependencia y la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes.

En estricto sentido, para que lo entienda el gobernador, la política con enfoque de derechos humanos debe determinar el presupuesto y no al revés, por eso no se puede dejar de mencionar que en las muertes por el coronavirus los funcionarios tienen responsabilidades. Y en los casos en que las víctimas, antes de fallecer,  hayan acudido a los hospitales públicos en busca de atención médica y ésta les fue negada, la autoridad es responsable del delito de comisión por omisión. Lo grave de esta situación es que al ser una violación de un derecho humano el delito es imprescriptible, lo que significa que al final de su sexenio el gobernador Rutilio Escandón puede ser llevado a los tribunales.