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La muerte tiene permiso

Editorial
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Ya se ha señalado que el contagio del Covid 19 en Chiapas está fuera de control y que los hospitales públicos se encuentran saturados. Y sin embargo el gobierno mantiene la actitud de desentenderse del problema y promueve el discurso de responsabilizar a los municipios y a las personas del cuidado del coronavirus, haciendo caso omiso a la obligación constitucional que tiene de proteger, promover y respetar los derechos humanos a la salud y a la vida.

Los contagios son alarmantes en Comitán, Tapachula y Tuxtla, donde la realidad supera con mucho las cifras maquilladas que vierte a diario el secretario de salud de la entidad, quien solo informa de los casos que se registran en los hospitales públicos, pero que ignora los cientos de casos que se atienden de manera particular y omite el reporte de fallecimientos que se presentan en los hogares por causa del Covid 19, en el que muchos de éstos acudieron a las clínicas covid y no fueron atendidos. El drama se vive también en miles de comunidades indígenas, donde el número de muertes se han incrementado sin que la autoridad investigue las causas de los fallecimientos.

El gobierno al asumir una estrategia de rechazo a la aplicación de las pruebas de detección de la enfermedad canceló la estrategia de salir a combatir al virus, de establecer los cercos sanitarios en los espacios donde se le detecta, de aislar a los pacientes asintomáticos, de establecer políticas de salud pública en el fortalecimiento del sistema inmunológico de la población y el de asumir una responsabilidad en la protección a la sociedad de la pandemia. Si bien es cierto que los estudios de detección no van a detener los contagios por sí solo, la aplicación de estos estudios permite realizar el diagnóstico de la intensidad y la ubicación de las zonas de contagio y a partir de ello definir las estrategias de acción, en donde el programa de medios de comunicación debía de jugar un papel relevante.

Lo inaceptable es que el gobierno no solo no ha realizado sus responsabilidades sino que realiza a través de medios y periodistas pagados una campaña para responsabilizar a la población y para justificar la ausencia de las pruebas de detección, por resultar muy caras,  cuando la prioridad en esta crisis sanitaria es proteger la salud y garantizar la vida; dos cosas que no se vienen realizando y peor aún, se deja abierta la posibilidad de mayores contagios y con ello el incremento de los fallecimientos.

Desde el gobierno federal se promueve la nueva normalidad, que significa el reinicio de las actividades de la vida cotidiana, situación que pone en riesgo a la población, que en su mayoría no está informada, en la que hay voces que ponen en duda la veracidad de la pandemia y eso solo acrecienta los riesgos del contagio.

Al desentenderse el gobierno de la protección de la salud de la población y al convocar al retorno de la normalidad en pleno pico de la pandemia, la autoridad podría estar incurriendo en homicidios de comisión por omisión, en cada uno de los fallecimientos que se presenten ahora que se levante la emergencia sanitaria.