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Ocultar los muertos es un delito criminal

Editorial
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Mientras en Chiapas el gobierno oculta el número de fallecimientos relacionados por el Covid 19, la población hace milagros por enterrar a sus muertos a unos costos superiores a los 50 mil pesos, cantidad que está fuera de las posibilidades económicas de las mayorías.

El gobierno de Rutilio Escandón se ha desentendido de estos efectos de la crisis sanitaria, en el que no se ha implementado ningún tipo de ayuda, y lo sorprendente es que el gobernador está convencido en que se viene atendiendo con eficacia los problemas de salud, que en los hospitales hay suficientes camas con respiradores, que hay un abastecimiento de medicinas y que el personal médico cuenta con todo el equipo necesario para hacer frente a esta enfermedad. Y por lo tanto no escucha a las voces que señalan que se informe con veracidad a la población y que despida al secretario de salud, quien se convirtió en un lastre del gobierno y en un riesgo mayor para la seguridad de la población chiapaneca.

El secretario de salud carece de legitimidad alguna frente al personal de los hospitales y esta incapacidad lo redujo a ser vocero de los informes carentes de credibilidad, porque la realidad supera con creces las cifras maquilladas que sale a repetir en sus conferencias diarias. Lo grave es que este personaje cree que realiza análisis convincentes y hace afirmaciones que contravienen disposiciones constitucionales y que resultan violatorias a los derechos humanos.

Por ejemplo ayer en la conferencia expresó que si ponen en la balanza realizar las pruebas de detección del coronavirus o el abastecimiento de medicinas, él se queda con el abastecimiento. Si el secretario de salud tuviera una pisca de responsabilidad y dejara de tomar decisiones políticas y económicas por encima de los derechos a la salud y a la vida, se daría cuenta que su obligación y la responsabilidad del Estado es realizar las dos acciones de manera integral, sobre todo porque la eliminación del virus, solo puede realizarse a través de información veraz sobre quien es portador y donde se encuentra ubicado y este diagnóstico solo lo puede obtener a través de la realización de los estudios de detección.

Lo paradójico es que en Chiapas no se realizan los estudios de detección ni hay abastecimiento de medicinas en los hospitales, y el virus se encuentra fuera de control y el número de fallecimientos es por lo menos tres veces mayor a las cantidades que se están reportando.

La estrategia de mentir sobre las cifras está relacionado a la intención de poner en color naranja al Estado, con el fin de que puedan liberalizarse algunas actividades y se esté en condiciones de autorizar el retorno gradual a la nueva normalidad. Este acto es criminal, porque en Chiapas no se ha alcanzado el pico más alto de los contagios y esta maniobra de autorizar el reinicio de actividades va a terminar ocasionando un mayor número de contagios y fallecimientos en Chiapas. Este acto criminal representa una violación grave de los derechos humanos y está tipificado como crímenes de lesa humanidad en el que las autoridades chiapanecas estarían incurriendo y de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, son delitos imprescriptibles.