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La ausencia de gobierno

Editorial
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En Tapachula y en todos los municipios fronterizos de Chiapas se vive un abandono gubernamental alarmante. Hay una pobre inversión pública en la franja fronteriza, los proyectos de desarrollo más importantes  de la región fueron cancelados, sin que fueran sustituidos por otras propuestas de inversión, que dinamizara las actividades económicas, se generó una desatención al problema migratorio con una sobrepoblación de miles de extranjeros que viven en hacinamiento, expuestos al contagio de enfermedades como el dengue y el Covid 19, que pone en riesgo a toda la población y frente a todo esto el gobierno de Rutilio Escandón ha sido incapaz de implementar programas de ayuda y de estímulos para la reactivación de la economía de la región.

Con anterioridad, en el pasado gobierno,  la franja fronteriza fue afectada con la homologación del IVA y en este gobierno se estableció una política de favorecer con estímulos a la frontera norte y se dejó en el abandono a la frontera sur, con la carga de una población migrante, que terminó exacerbando los ánimos xenofóbicos en varios sectores de la población, que polariza a una población, que se siente tratada con menosprecio y que se le ha dejado a su suerte, donde se han presentado más de una centena de fallecimientos por  causas relacionadas al Covid 19, sin que aparezcan en las estadísticas oficiales, sin que se tomen medidas preventivas y sin que haya una mínima preocupación por las autoridades.

La Región del Soconusco es una zona de gran riqueza agrícola, que anualmente requiere de más de medio millón de trabajadores agrícolas, con fuertes lazos de interrelación y dependencia con Guatemala, pero que este año no solo se padecen los daños de la crisis sanitaria sino que por primera vez el salario mínimo de Guatemala es superior al que se paga en México, lo que hace prever un difícil ciclo agrícola, sin que esto despierte una preocupación en el gobierno para establecer medidas fiscales de resarcimiento, en donde todos los productores agrícolas son obligados a pagar el seguro social de los jornaleros, sin que esta dependencia ofrezca atención médica alguna a los trabajadores cuando se enferman e igualmente los productores están obligados al pago del impuesto de nómina de los jornaleros, sin que el gobierno federal corresponda con programas de desarrollo en la región.

La situación de los productores de café es crítica, están en la etapa de fertilización con los riesgos que representa la pandemia, con una caída de los precios, pero que pueden llegar a sufrir como efecto de la recuperación de los mercados en Estados Unidos y Europa, con una necesidad de más de 300 mil jornaleros, que habrá que pagar la mano de obra a un precio superior que como paga el mercado local.

La dificultades que padecen los cafetaleros es la misma que padecen otros productores agrícolas de la región –plátano, soya, mango, palma africana-, quienes no están sujetos al financiamiento de la banca del desarrollo y no tienen los apoyos gubernamentales. Lo inaudito es que algunos de esos productos se exportan, pero se realiza a través del puerto de Guatemala, porque el de Tapachula no es funcional y ya no existen las vías férreas como medio de transporte de carga, pero esto también lo ignora el gobierno y más el gobierno de Rutilio Escandón, que carece de una política del sector en Tapachula y la región y que no entiende del malestar creciente que se viene gestando por la ausencia de su gobierno y por la ausencia de estímulos del gobierno federal.

Tapachula y los municipios fronterizos viven una difícil situación de orfandad, que va a ocasionar lamentables desencuentros a partir de que se generalice la pugna electoral.