El gobierno del Estado padece una peligrosa parálisis en la toma de decisiones, en la que bien a bien se desconoce quién es el que manda y viene tomando decisiones cada vez más desacertadas, que han convertido la gobernanza de la entidad en un polvorín, en donde se percibe una descomposición social de alto riesgo hacia el proceso electoral en el 2018.
La crisis que hay en este momento en Chiapas se debe fundamentalmente a la falta de oficio que hay en el palacio de gobierno. Hay una ausencia de programas de gobierno; no existe eficacia y eficiencia en la atención de las demandas de la población; el gobernador no realizó el ajuste de su gabinete en el momento adecuado, aún y cuando resultó evidente que la mayoría de ellos se encuentran rebasados por los límites de su incompetencia; la corrupción de muchos de los funcionarios salta a la vista y muchos de ellos se han enriquecido, construido casas y adquirido propiedades por encima de los ingresos anuales que perciben; se permitió, se tolera y se fomentan, los actos anticipados de campaña de funcionarios de los tres poderes, en la que se descuida el desempeño del servicio público.
Es un comentario frecuente, que el gobernado de la entidad pasa más días de la semana fuera de la entidad, lo que genera que no se atienda la actividad política las 24 horas del día. Pero también se tienen muestras, que el secretario de gobierno carece de influencia política alguna y que prácticamente le resulta imposible convocar y coordinar una reunión de gabinete para poner orden en la casa. De allí la incertidumbre de que no se tenga claro sobre quién es el que manda realmente en el gobierno.
Lo grave a esta situación, es que el gobernador se rodeó de gente joven e inexperta y con una ansias por enriquecerse rápidamente, en la que en muy poco tiempo de gobierno se mostró la inoperancia de todos ellos y el gobernante terminó quedándose sin amigos y sin colaboradores, pero en la que tampoco realizó cambios y ajustes necesarios porque entró en una crisis de confianza.
Pero lo mismo puede decirse de funcionarios con supuesta experiencia, como Juan Carlos Gómez Aranda, que mucho daño le está haciendo a Chiapas por su indolencia y pasividad en el manejo de la política interna y la seguridad del Estado, quien por vergüenza y decoro, debiera de presentar su renuncia por iniciativa propia y no continuar con el papel del bufón de pueblo, percibiendo con claridad que todo a su alrededor se descompone sin que nadie tome decisión alguna para enderezar el rumbo de la historia.
En el inicio del quinto año de gobierno, se dejan traslucir simbolismos políticos que pueden resultar de altos costos sociales, como el desánimo que hay para gobernar, en donde la actividad del gobierno se volvió irrelevante para el gobernador. La tradición de la política a la mexicana indica que lo que parece es; y en Chiapas parece que el gobernante ya no quiere continuar en el cargo y que le incomodan las noticias de los problemas que a diario se multiplican por todo el territorio. Eso genera que exista una situación de caos en varios puntos de la geografía chiapaneca, en la que nadie en el gobierno muestra un interés por evitar que el barco se hunda.
En Chiapas los políticos y funcionarios de los tres niveles de gobierno no lograron entender que el propósito de la actividad política es la de responder a la creación de una sociedad en las que se reproduzcan la libertad, la convivencia democrática, los derechos humanos, el respeto a la diferencia, los anhelos por la paz, el respeto al medio ambiente y una lucha permanente por la construcción de mejores estándares de vida para la población. Y como no entienden este espíritu de la política, estos aprendices de políticos prefirieron manejarse en la ilegalidad, en el cinismo, en la opacidad, en la corrupción y en la impunidad y creen que esto es para siempre, por eso miran el 2018 como la continuidad de las fechorías y no como un riesgo.