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Carlos Morales viola derechos humanos

Editorial
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El cabildo de Tuxtla sin medir las consecuencias de sus actos aprobó el uso obligatorio del cubrebocas. La decisión que pareciera un acto de buena fe en su intento de limitar las posibilidades de contagio del coronavirus, resulta a todas luces violatorio a los derechos humanos y la medida debe de ser cancelada inmediatamente.

La disposición publicada en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Chiapas, el miércoles 1 de julio, muestra la carencia total de inteligencia del presidente municipal de Tuxtla, quien una vez más, toma una decisión de la que carece de facultades, pues con ello restringe el derecho al libre tránsito de las personas.

El coronavirus es un problema de salud pública, en el que es urgente tomar medidas preventivas para evitar su propagación. Sin embargo ninguna de estas medidas debe ser violatoria a los derechos humanos, pues la Constitución establece obligaciones para todas las autoridades de prevenir, investigar y sancionar violaciones de derechos humanos, resulta contradictorio que en Tuxtla sea la propia autoridad  la que incumple su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de derechos a las personas.

Aquí no importa que la decisión se haya tomado por la mayoría de los miembros del cabildo ni que la disposición esté debidamente publicado en el Periódico Oficial para garantizar su validez. El acto en sí es ilegal, debido a que viola el artóculo 1º de la Constitución y el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que es vinculante para las autoridades mexicanas en los tres niveles de gobierno. De entrada hay que señalar enfáticamente que los derechos humanos son antimayoritarios. No se trata de que una mayoría es beneficiada con una decisión y entonces con el respaldo de esa mayoría se acuerda socavar los derechos de una minoría.

Carlos Morales no ha entendido que las autoridades no pueden obrar de forma discrecional y como les plazca, sino únicamente hacer aquello que las normas les permita hacer de manera expresa, debido a que si se exceden de sus facultades, la ley permite de que puedan ser reconvenidos judicialmente. Y a eso se expone el presidente municipal, de que haya un amparo colectivo para que un juez lo reconvenga y deje sin efecto la arbitrariedad del ejercicio del poder; sobre todo porque no se debe gobernar con ilegalidades como pretende hacerlo.

La obligación constitucional y convencional de proteger los derechos humanos la incumple Carlos Morales con la aprobación del uso obligatorio del cubrebocas, y con ello está pasando por alto que todos sus actos de gobierno deben quedar sujetos a la ley.