¿Quién asesora al gobernador?

Los desatinos del fiscal general vuelven a poner en las redes sociales la historia de la hija del gobernador. El affaire de María Escandón había disminuido considerablemente; en parte por los insensatez del secretario de salud, que un día sí y el otro también, se convirtiera en el escarnio de los noticieros nacionales.

El 22 de junio en este mismo espacio se señaló, que la peor decisión del gobernador era poner este asunto de la vida privada,  en manos del fiscal general, quien tiene una naturaleza policíaca hacia la fabricación de culpables y quien no tiene el tino político para resolver un conflicto familiar a través del acuerdo.

El conflicto familiar, desde el momento en que se hizo público se convirtió en un problema político para el gobernador y por lo tanto su solución tenía que ser a través de un acuerdo político; pero las torpezas del fiscal convirtieron este asunto de la vida privada en  una persecución policíaca, que se va a resolver por la vía jurídica,  pero que deja heridas abiertas para que haya un golpeteo político hacia el gobernador, quien indirectamente es exhibido por la falta de pericia en el manejo de un problema familiar, y la conclusión, al respecto, resulta inevitable: el gobernador no puede resolver los problemas familiares, menos va a poder resolver los asuntos públicos del Estado.

La persecución policíaca, desde la esfera del poder, deja muy mal parado al gobernador, a quien se le va a señalar de hacer uso del poder del estado para castigar y dirimir sus diferencias con quien osó enfrentarlo y que generó un  conjunto de señalamientos de abuso de autoridad y arbitrariedades, que  desprestigian al gobierno.

El affaire entraña un daño de altos costos. El gobierno de Rutilio Escandón no puede garantizar transparencia, y en mucho se debe al mal manejo emprendido por la fiscalía general. Para colmo de males, la fiscalía emplea a un juez para obsequiar la orden de aprehensión, que debiera de estar suspendido para desempeñar sus funciones debido a que se encuentra bajo proceso por la fiscalía general de la república, por ser presunto responsable de un delito federal.

Este asunto apenas inicia y los ánimos sociales se inclinan hacia Juan Carlos Armendáriz. Esto, a pesar de la campaña linchamiento orquestada en su contra desde las oficinas de comunicación social del gobierno del Estado, con la finalidad de desprestigiar su imagen y reputación.

La falta de asesoría al gobernador está conduciendo a que asuntos que no debieran de trascender se conviertan en problemas políticos.