La aberrante actuación de la fiscalía general del Estado

En los funcionarios chiapanecos hay una práctica sistemática del doble discurso. Por ejemplo el gobernador con reiterada frecuencia agradece el desempeño de los médicos en el combate a la pandemia, pero hoy existe un profundo malestar en el gremio médico por la manera burda e indignante en que fue detenido el Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca, a quien se le acusa de abuso de autoridad.

El fiscal en su doble discurso suele hablar del combate frontal a la impunidad, cuando es de todos sabido que utiliza los métodos más retrógradas en la investigación policial para fabricar delitos y violar la presunción de inocencia, cada vez que monta el teatro de detenciones y exhibe a los presuntos culpables. Son muchos los yerros  del fiscal general, pero recientemente inventó la detención de una presunta red de trata infantil y detuvo a un grupo de personas, cuando la realidad ya mostró que es una familia nuclear, integrada por varias familias, que se dedican al comercio informal, y las acusadas de trata son las madres de los niños; como el caso jurídicamente ya se le cayó, con graves consecuencias para la fiscalía por las violaciones a derechos humanos en las que incurrió, de inmediato se cambió el delito y ahora las mujeres están siendo sometidas a la justicia por maltrato infantil.

La fiscalía del Estado ha dado muestras de protección a la delincuencia organizada, es más, ministerios públicos y comandantes de la dependencia han sido señalados de formar parte de la red de la delincuencia organizada y de ser responsables de secuestros, asaltos y tráfico de droga, sin que haya el mínimo intento de investigar y castigar a los malos funcionarios y depurar esa dependencia. El propio fiscal ha sido acusado de practicar la tortura y de enriquecimiento inexplicable, en el que se relaciona como socio de una universidad privada por la zona comercial de Home Depot y de ser socio de la cadena de farmacias Guadalajara, que se ha extendido por todo el territorio chiapaneco. Asimismo incurre en tráfico de influencias y corrupción al contratar el alquiler de uno de los anexos de la universidad, que fue bunker de campaña de Rutilio Escandón, para instalar las oficinas de una de las fiscalías de esa dependencia.

El fiscal Jorge Luis Llaven es un policía, y piensa y actúa como policía, por eso no tiene el cuidado de apegar sus actos a la legalidad, y situaciones arbitrarias como la detención del médico del ISSSTECH,  sienta los precedentes jurídicos para denunciar al propio gobernador del Estado, como responsable de los homicidios por comisión de omisión, ocasionados por la pandemia, en donde están documentados muchos casos de personas que acudieron a las clínicas Covid y no fueron atendidos, y terminaron falleciendo en los estacionamientos de los hospitales, en la calle o en sus domicilios, incurriendo las autoridades médicas y el gobernador en crímenes de lesa humanidad, que en aras de la justicia tienen que ser procesados.

El montaje de la detención de personas dedicadas a la trata de infantes, así como la detención del médico, son dos escándalos mediáticos que la fiscalía deberá de enfrentar, y en ambos casos, la dependencia deberá de proceder a la liberación de los acusados, en medio de la sospecha, de que el fiscal general no cumple con las funciones de garante de la procuración de justicia.