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El gobernador no tiene quien le ayude

Editorial
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Todos los problemas políticos que tiene en este momento el gobernador se deben al mal uso que se hace de la fiscalía. Esta dependencia, que en el papel es un órgano autónomo, actúa como brazo ejecutor del gobierno y no como garante de la procuración de justicia, lo que significa que bajo el amparo del poder se cometen las decisiones más aberrantes en contra de la población.

La legalidad no es la característica de este gobierno, que tolera y fomenta que la fiscalía se dedique a la fabricación de pruebas y no a la investigación policial de manera seria, responsable e imparcial, en la que las carpetas de investigación se encuentren debidamente integradas y no haya un resquicio de violación al debido proceso, que de paso a la liberación de los presuntos culpables.

La fiscalía general es una bomba de tiempo que amenaza estallar en cualquier momento y que ha erosionado terriblemente la credibilidad y legitimidad del gobierno de cuarta que hay en Chiapas. El caso de la muerte por tortura del reo de la cárcel de San Cristóbal apunta directamente al fiscal, que inventó el caso de una red de trata de infantes, que le permitió salir en medios nacionales y que ahora se le revierte, porque se detuvo a cinco familias que vivían en el mismo cuarto y que se dedicaban al comercio informal en esa ciudad colonial. Esta pifia no es un hecho aislado, se acompaña del abuso del aparato estatal para linchar mediáticamente a un médico, que se encuentra privado de la libertad por un delito menor que no amerita la prisión preventiva; la reacción en contra de este médico es desmedida, primero se le acusa de abuso de poder, por pedir a los pacientes del ISSSTECH medicinas y luego se le acusa en las redes sociales de extorsión, acto que ya fue desmentido, pero ahora se le imputa el delito de acoso,  y aquí solo queda una interrogante, qué personaje del poder se sintió altamente ofendido por el supuesto acoso, que orquestó un ataque con la fuerza del Estado a un civil.

El mal manejo de la fiscalía no queda ahí. El caso del accidente sufrido por Zoé Robledo también terminó en escándalo político por la falta de credibilidad que hay sobre la fiscalía. Pero también está el caso de la propia hija del gobernador, en donde de manera por demás ridícula se fabricaron pruebas en contra de su expareja. Un caso que no se puede pasar por alto es la detención de un comandante de la policía ministerial, con once kilos de cocaína, detenido por elementos de la fiscalía general de la república. Otro caso es la detención de un comandante de la policía municipal, al servicio de los intereses de Jorge Llaven, que es el fiscal del Estado.

Hechos denigrantes de la procuración de justicia en Chiapas son muchos, solo basta escarbar un poco para dejar al descubierto los ilícitos con la que actúan esta fiscalía, que paradójicamente se convirtió en el brazo ejecutor del gobierno y donde Rutilio Escandón presume de la eficacia con la que actúa, a punto tal que el propio presidente de la república le hizo recientemente un reconocimiento por su desempeño.

Se ha repetido en reiteradas ocasiones que en Chiapas no hay gobierno y los hechos arriba mencionados lo comprueban.