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Los engaños de la fiscalía

Editorial
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Las personas en prisión se encuentran bajo el resguardo del Estado; por eso cualquier incidente que cause la muerte de un detenido es responsabilidad del Estado, quien nunca deja de representar el papel de garante de la seguridad de los presos. En Chiapas esto se convirtió en letra muerta, a punto tal que las autoridades penitenciarias se exculpan con extraordinaria facilidad de los fallecimientos de los presos.

En días pasados falleció una persona detenida por presuntos vínculos con la desaparición de un niño en San Cristóbal de Las Casas, que se convirtió en escándalo nacional y que el fiscal, ante las instrucciones precisas del presidente de la república, de investigar y dar con el paradero del niño, se le hizo fácil inventar un operativo para desarticular una red de trata de menores y procedió a la detención de miembros de cinco familias que habitaban en un mismo cuarto y que entre todas sumaban a 23 hijos menores de edad.

Esta invención de la fiscalía se difundió en medios y entrevistas a nivel nacional, en la que el fiscal presumió su trabajo del logro obtenido por desarticular una red de trata. Sin embargo todo este éxito es una mentira, no existe tal red de trata ni se liberaron a 23 niñas, niños y adolescentes, porque todos son una familia, que se dedica al comercio informal y trabajan en la calle ofreciendo sus productos. En realidad lo que hubo es una violación a derechos humanos, que no solo imputó de manera fantasiosa hechos delictivos a cinco familias sino que los exhibió como criminales y los cubrió de luto, porque uno de los detenidos en la cárcel de San Cristóbal murió presuntamente como consecuencia de los golpes que recibió al interior de la prisión.

La fiscalía resolvió este asesinato negando los hechos y declarando que fue un suicidio, cuando el cadáver presentaba claras huellas de golpes y una fractura en la cabeza. Para nadie es un secreto las prácticas de tortura de los cuerpos policiales en Chiapas. Aquí los compinches del fiscal, han mostrado que al día siguiente de que se comete un delito grave, tienen detenido y confeso  al responsable. Los métodos de tortura que emplean son tan eficaces que logran sacar la declaración de un cadáver fallecido años atrás.

El Estado está obligado a investigar y sancionar a todos los funcionarios y policías que participaron en el operativo de detención de la supuesta red de trata, así como a los responsables del asesinato de la persona injustamente encarcelada, al que sus deudos claman por justicia.

Los abusos cometidos en contra de la población por la fiscalía son reiterados, que sorprende la pasividad del gobernador en la toma de decisiones, lo que lo convierte en cómplice del clima generalizado y sistemático de violaciones a derechos humanos provocado por la fiscalía general de justicia en Chiapas.