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La ficción de los acuerdos de no agresión

Editorial
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En medio de una fuerte crisis de legitimidad, ocasionada por una actividad selectiva en la procuración de justicia, en el que dos casos –la detención del médico y la  detención de una supuesta red de trata infantil-, se salieron de control, lo que provocó el rechazo y la indignación social por la práctica reiterada en la fabricación de pruebas por parte de la fiscalía del Estado, el gobierno del Estado junto con la subsecretaría de derechos humanos de la secretaría de gobernación incurren en una nueva pifia al promover la ratificación del acuerdo de no agresión entre los municipios de Chenalhó y Aldama, que resulta a todas luces violatorio a los derechos humanos de las víctimas de esos enfrentamientos.

El gobierno de Rutilio Escandón lleva  19 meses perdidos, promoviendo un acuerdo de no agresión cuando lo que en realidad debiera de aplicar la ley y dar cumplimiento a sus obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de provocar las violaciones a los derechos humanos. La falta de visión política y de ausencia en conocimientos en derechos humanos, ha conducido a este gobierno a promover acuerdos de paz, que en realidad son mecanismos que reproducen la impunidad, al incumplir el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas que establece el artículo 1º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de aplicación obligatoria en el país.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la justicia debe lograr el efecto útil que se espera y en los casos graves de violaciones a derechos humanos, como sucede en Chiapas con los desplazamientos y la violencia en esos dos municipios, “debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”.

Desde el momento en que la firma de este acuerdo de no agresión omite la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas a miles de pobladores que sufren condiciones de desplazamiento generada por la violencia de grupos paramilitares de Santa Martha, comunidad de Chenalhó,  esta decisión del gobierno resulta incompatible con las disposiciones establecidas en la Constitución mexicana y en la Convención Americana de derechos Humanos. Este pacto de no agresión, tan cacareado como logro político, carece de efectos jurídicos, pero además encubre la investigación de las violaciones cometidas, así como la identificación y sanción de todos los responsables de estas agresiones.

El gobierno hasta el día de hoy no hace manifiesto su interés de prevenir agresiones que multipliquen los desplazamientos en estas comunidades ni su compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos de la población indígena de Chenalhó y Aldama. Por el contrario, ha estado perdiendo el tiempo y creando falsas expectativas en la firma de un acuerdo de paz, que no tiene futuro, en virtud a que las agresiones continuarán presentándose, debido a la ausencia de sanciones en el marco de la ley, aún y cuando las autoridades conocen a detalle la identidad de los responsables de la generación de la violencia en Santa Martha.