La crisis que se avecina

La crisis sanitaria puso en evidencia a los gobiernos por la dificultad en la toma de decisiones. Y lo que inició en una crisis de salud se trasladó a una crisis económica y ahora se prefigura una crisis política, en la que se desconoce la magnitud, pero en el que se perciben posibles cambios en el ejercicio del poder, renuncia de funcionarios, cambios en la composición de las cámaras cuando se presenten elecciones, una profundización en los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta, sanciones a funcionarios que desatendieron las obligaciones del Estado de prevenir, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, y escenarios políticos desconocidos porque después de la pandemia las cosas ya no podrán seguir siendo igual.

En Chiapas se observa a un gobernante que prefiere no tomar decisiones porque así no corre riesgos ni asume compromisos; con ello prácticamente abandonó las responsabilidades que implican gobernar. Lo preocupante es que existe información estadística y estudios de sondeos de opinión que muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación cambie, aunque él salga a declarar mentiras sobre fantasiosos éxitos de su gobierno. En un breve recuento se puede observar que las actividades económicas están paralizadas; el PIB presenta cuatro trimestres de decrecimiento; no solo no hay crecimiento en el empleo sino que éste decreció; la inversión pública está estancada; el nivel de aprobación del gobernante aparece siempre reprobado; los problemas de gobernabilidad son permanentes y son muchos municipios en donde han existido situaciones de violencia; la inseguridad se apoderó de las calles; la ausencia de políticas para el campo hacen prever una crisis en la producción de maíz y una crisis en la soberanía alimentaria en la entidad.

La única dependencia que viene trabajando en Chiapas es la fiscalía general del Estado, pero lo hace para mal, pues se ha convertido en un peligro para la seguridad de la ciudadanía debido a que se caracteriza por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, lo que implica un desempeño al margen de la legalidad; así se vió en los sucesos recientes en el que anuncia el desmantelamiento de una red de trata de infantes y resultó una familia nuclear que aglutina a cinco familias y en el caso de la detención de un médico del ISSSTECH en donde el gremio médico salió a las calles para demandar su liberación y un juicio justo.

Para males de Chiapas, no existen posibilidades para poner límites al crecimiento de la impunidad provocada por el mal desempeño de la fiscalía debido a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está convertida en un organismo que dejó de funcionar, al estar presidida por un personaje execrable, desvinculado de la lucha por los derechos humanos, en donde esta Comisión jamás emitió ninguna medida cautelar ante la actuación desmedida de la fiscalía que está convertida en una fábrica de invención de delitos, en el que claramente dejó de ser garante de los derechos humanos de la población en Chiapas.

El desenlace de esta crisis sanitaria, combinada por una crisis económica y aderezada por una próxima crisis política no se puede adivinar, pero si se pueden prever sus resultados, y éstos son poco halagüeños para Chiapas; en el que se pueden vivir mayores conflictos sociales, un crecimiento de la pobreza, graves problemas alimentarios por una disminución en la producción de granos, mayor inseguridad y cada vez mayores problemas de gobernabilidad, sin que a la fecha el gobierno de Rutilio Escandón tome las medidas preventivas para evitar y disminuir los daños que se avecinan.