Sin medidas preventivas de la crisis que se avecina

Editorial
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En estos momentos, con la crisis sanitaria y con la crisis económica, las condiciones sociales en Chiapas pasan por una de las situaciones más difíciles de la historia, sin que esto preocupe y motive a los funcionarios de la administración de Rutilio Escandón al diseño de políticas públicas, para prevenir las consecuencias de la crisis en distintos sectores productivos de la entidad, sobre todo en el campo, que ante la ausencia de la banca de desarrollo los productores chiapanecos viven los peores momentos de los últimos 50 años.

A su vez, el empobrecimiento de la población ha sido constante en los últimos 20 años y la tensión y los conflictos están presentes en gran parte del territorio estatal. A esto se le agrega un nulo crecimiento económico en los últimos años, lo que representa una muy pobre generación de empleos, y en los casos en donde se crearon, fueron con salarios mal remunerados, que conduce a la precariedad.

Es en las comunidades indígenas donde más se han resentido las políticas equivocadas de despilfarro del gasto público en los últimos gobiernos, que ha ocasionado un mayor crecimiento de la población y de la pobreza. Esto viene provocando una agudización de las problemáticas sociales en varios municipios, lo que complica la intervención y solución de los problemas en la entidad, en el que algunos problemas se han agudizado pero a su vez, ante la desatención,  han surgido nuevos problemas con dinámicas propias, que se imbrican y se confunden unos con otros. Entre los municipios de más alta conflictividad son San Juan Chamula, Oxchuc, Chenalhó, Zinacantán, Aldama, Tenejapa, Ixtapa, El Bosque, Simojovel, Bochil, Pueblo Nuevo, Tila, Chilón y Venustiano Carranza.

En cualquiera de esos municipios existen condiciones sociales para que una chispa se convierta en un problema mayor, sobre todo, por la fuerte presencia de grupos paramilitares y porque las organizaciones sociales de toda esa región se encuentran fuertemente armadas, sin que exista una política de construcción de paz y de desarme en ese territorio y sin que haya el interés de parte de la secretaría de gobierno para atender la problemática.

Todo lo anterior fomenta en Chiapas la creación de escenarios de violencia en gran parte del territorio y con ello se mella y se pone en riesgo la frágil gobernabilidad que existe, en un momento en que el gobierno mantiene una  restricción presupuestaria en la entidad, encubierta en una falsa austeridad, en el que no hay obras ni inversión pública, ni se destinan recursos para enfrentar  la contingencia sanitaria y las consecuencias económicas de esta crisis. Junto a estos hay que señalar que los apoyos de los programas de bienestar del gobierno federal resultan dudosos y su impacto social es imperceptible.

Bajo estas circunstancias se requiere la urgente renovación del gobierno, el diseño de políticas y proyectos que beneficien a la población y asumir un nuevo compromiso político para sentar las bases para la transformación de las condiciones sociales y económicas de la entidad. La decisión no es un asunto sencillo, porque eso implica acabar con las complicidades con funcionarios que acompañan al gobernador desde el período en que fuera presidente del tribunal, pero que han demostrado con creces que llegaron al nivel de incompetencia y en el que la eficacia de un gobierno no puede estar determinada por los niveles de amistad o compadrazgos.