Las omisiones criminales del gobierno en Chiapas

En Chiapas no hay gobierno y eso queda demostrado con el conflicto que existe entre po-bladores del municipio de Aldama y Chenalhó, que lleva más de una veintena de muertos entre ambas comunidades, sin que el Estado haya procurado restablecer el orden y la le-galidad en esas comunidades.

De igual manera, la expresión del secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos, de que se han realizado 70 reuniones entre pobladores y autoridades de ambos municipios es otra muestra más de la ausencia de gobierno, en virtud a que no se han  preocupado por garantizar la legalidad y sancionar a los responsables que crearon, el clima de violencia y formaron los grupos paramilitares, que promueven los enfrentamientos y violaciones de los derechos humanos, y en contrasentido existe una autoridad que se complace en re-unirlos, pero no en ordenar la investigación y sanción de todos los responsables directa e indirectamente que han construido esta situación de impunidad.

Lo peor que le podía suceder a Chiapas, es que un grupo de diletantes de la política lle-garan a constituirse en gobierno, pues su actuar sería de mucha ligereza y gran irrespon-sabilidad, tal como ha venido sucediendo en estos 20 meses de administración, en el que Rutilio Escandón simplemente no se ha preocupado en conformar un equipo de trabajo que le permita construir los proyectos de bienestar, justicia y paz, que Chiapas requiere para construir un nuevo rostro.

La situación del gobernador, del secretario de gobierno, del fiscal general y de la secre-taria de seguridad es delicada, debido a que con la omisión del comportamiento hasta ahora observado ponen en riesgo el derechos humanos a la vida y si este derecho no es respetado, automáticamente todos los demás derechos carecen de sentido, lo extremo de la situación que se está viviendo entre Aldama y Chenalhó, es que todas las muertes de estos enfrentamientos son atribuibles al Estado, y por lo tanto las autoridades son corres-ponsables de esta situación, debido a que no se han tomado las medidas positivas necesa-rias dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, que razonablemente eran de esperarse que se tomaran para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miem-bros de las comunidades en conflicto.

En términos jurídicos el gobernador, el secretario de gobierno, el fiscal general y la se-cretaria de seguridad han violado el artículo 4.1 de la Convención Americana –referente al derecho a la vida-, en relación al artículo 1.1 de la misma Convención, que hace referencia al compromiso de los Estado a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Con-vención Americana y a garantizar su libre y pleno ejercicio de todas las personas.

Es obvio que en estos momentos en que todos estos funcionarios son autoridad no va a suceder nada, pero también es cierto que a finales del 2024 dejarán de serlo y en ese mo-mento pueden ser sometidos a juicio por el delito de homicidio por comisión de omisión y más considerando que estos crímenes resultan de violaciones a derechos humanos por lo que los delitos en los que incurren las autoridades no prescriben.

En este sentido al gobernador Rutilio Escandón debiera de empezar a preocuparle el futuro que le espera cuando termine su cargo.